Antecedentes del caso

En 2016, un ciudadano interpuso demanda de nulidad simple contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Minería. La demanda buscaba anular resoluciones administrativas expedidas en 1981 por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que crearon reservas de tierras baldías en La Guajira, además de cancelar las anotaciones registrales correspondientes. El demandante alegó que los actos administrativos fueron expedidos sin competencia y con desviación de poder, argumentando que el Incora actuó para beneficiar a la empresa interesada en el proyecto minero “Cerrejón”, sin respetar los objetivos de la ley agraria vigente en ese momento.

Solicitud de medida cautelar

En 2024, el demandante solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones administrativas y de las anotaciones registrales relacionadas, con el fin de proteger el objeto del proceso y garantizar la efectividad de la sentencia. Se alegó vulneración del ordenamiento jurídico y afectaciones a la comunidad indígena Wayuu. Las entidades demandadas y las empresas involucradas se pronunciaron solicitando negar la medida cautelar, argumentando que no se acreditó la violación normativa ni la afectación probada a la comunidad, y que la actividad minera tenía un alto interés para la economía nacional.

Consideraciones legales y decisión

El Consejo de Estado recordó que las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa tienen como objetivo proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y que para decretarlas es necesario que la solicitud esté debidamente sustentada y que exista una presunción razonable de vulneración normativa. Tras analizar las resoluciones impugnadas, el Consejo concluyó que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria tenía competencia legal para constituir reservas sobre tierras baldías y para sustraerlas de dicho régimen cuando convenga a los intereses de la economía nacional. Además, las resoluciones fueron aprobadas por el gobierno nacional mediante actos administrativos posteriores. No se evidenció, en esta etapa, una violación clara de las disposiciones constitucionales y legales invocadas ni se acreditaron los argumentos de desviación de poder o incompetencia. Tampoco se aportaron pruebas suficientes para demostrar la afectación directa a la comunidad Wayuu que justificara la suspensión provisional.

Conclusión

Por lo anterior, el Consejo de Estado negó la medida cautelar solicitada, señalando que esta decisión no prejuzga el fondo del asunto, el cual será analizado en las etapas procesales correspondientes, donde se valorarán en profundidad los argumentos y pruebas presentados. La resolución resalta la importancia de fundamentar adecuadamente las solicitudes de medidas cautelares y ofrece claridad sobre el alcance de las facultades del Incora en la administración de tierras baldías, así como sobre los requisitos para la suspensión provisional de actos administrativos en la jurisdicción contencioso administrativa. De este modo, se garantiza un equilibrio entre la protección de los derechos colectivos y el desarrollo de actividades económicas que aportan al país.