Antecedentes del caso

En 2016, un ciudadano interpuso demanda de nulidad simple contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Minería. La demanda buscaba anular resoluciones administrativas expedidas en 1981 por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que crearon reservas de tierras baldías en La Guajira, además de cancelar las anotaciones registrales correspondientes. El demandante alegó que los actos administrativos fueron expedidos sin competencia y con desviación de poder, argumentando que el Incora actuó para beneficiar a la empresa interesada en el proyecto minero “Cerrejón”, sin respetar los objetivos de la ley agraria vigente en ese momento.

Solicitud de medida cautelar

En 2024, el demandante solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones administrativas y de las anotaciones registrales relacionadas, con el fin de proteger el objeto del proceso y garantizar la efectividad de la sentencia. Se alegó vulneración del ordenamiento jurídico y afectaciones a la comunidad indígena Wayuu. Las entidades demandadas y las empresas involucradas se pronunciaron solicitando negar la medida cautelar, argumentando que no se acreditó la violación normativa ni la afectación probada a la comunidad, y que la actividad minera tenía un alto interés para la economía nacional.

Consideraciones legales y decisión

El Consejo de Estado recordó que las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa tienen como objetivo proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y que para decretarlas es necesario que la solicitud esté debidamente sustentada y que exista una presunción...