Antecedentes del caso

En noviembre de 2013 se celebró un contrato de fiducia mercantil para la administración y desarrollo de un proyecto urbano en Medellín. Posteriormente, en marzo de 2018, la entidad pública demandó en arbitraje a la constructora contratista, quien presentó reconvención. El tribunal arbitral declaró concluida su función por falta de pago de honorarios. En 2019, la entidad pública inició un proceso administrativo que concluyó con la declaración de inhabilidad sobreviniente para la constructora, ordenando la cesión de su posición contractual, decisión que fue apelada sin éxito. Además, se instauró una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. En junio de 2021, la constructora presentó demanda arbitral contra la entidad pública y otros involucrados, solicitando la terminación y liquidación judicial del contrato, así como la nulidad de las resoluciones administrativas que declararon la inhabilidad. El tribunal arbitral admitió la demanda en septiembre de 2021, mientras que la jurisdicción contencioso-administrativa remitió las pretensiones a la justicia arbitral, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en 2024. El tribunal arbitral emitió un laudo en mayo de 2024 declarando su falta de competencia para decidir sobre la terminación del contrato y anulando las resoluciones administrativas mencionadas. Se negaron solicitudes de aclaración y complementación del laudo en junio de 2024.

Admisión del recurso y fundamentos jurídicos

El recurso extraordinario de anulación fue interpuesto en julio de 2024 dentro del término legal establecido por la Ley 1563 de 2012, que regula el arbitraje en Colombia. La sección tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de este recurso cuando esté...