Antecedentes del caso
En un proceso de nulidad electoral, varios demandantes ejercieron el control judicial sobre la designación de la directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía para el periodo 2024-2027. La demanda buscaba la nulidad del acto administrativo que designó a dicha directora. Durante el trámite, la corporación solicitó la práctica de ciertos testimonios como pruebas, las cuales fueron negadas por el magistrado sustanciador debido a que ya se contaba con informes y testimonios suficientes en el expediente.
