Antecedentes y contexto

En ejercicio de la acción popular, un grupo de ciudadanos solicitó la protección de derechos colectivos vinculados al goce de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso eficiente a servicios públicos domiciliarios, argumentando la grave contaminación del río Bogotá causada por actividades urbanas e industriales en su cuenca. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 2004, reconoció la vulneración de estos derechos y ordenó medidas para la descontaminación del río. Esta decisión fue confirmada y ampliada por el Consejo de Estado en 2014, que estableció la creación transitoria del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH) y un Fondo Común de Cofinanciamiento (FOCOF) para coordinar y financiar acciones de recuperación ambiental.

Proyecto de resolución y controversias

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) impulsó un proyecto de resolución para establecer lineamientos de ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, con énfasis en la gestión del recurso hídrico y la delimitación territorial. Sin embargo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otras entidades manifestaron que dicho proyecto no fue discutido en el marco del CECH, incumpliendo las órdenes judiciales y afectando proyectos clave como las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre y PTAR Canoas. Además, se señalaron posibles impactos negativos en la planificación territorial y en licencias ambientales vigentes.

Decisión judicial y medida cautelar

El Tribunal Administrativo decretó inicialmente una medida cautelar que ordenaba reiniciar las etapas de consulta y publicidad del proyecto, argumentando irregularidades en la participación y coordinación interinstitucional. En apelación, el MADS sostuvo que el proyecto aún está en etapa de consulta...