La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación relacionado con la ejecución de una sentencia condenatoria contra la Fiscalía General de la Nación. La demanda ejecutiva fue presentada para solicitar el cumplimiento de sentencias que condenaron patrimonialmente a la entidad por privación indebida de la libertad. El Tribunal Administrativo del Huila rechazó la demanda por caducidad, basándose en que el término para ejercer la acción ejecutiva es de cinco años contados desde la exigibilidad de la obligación. En este caso, la sentencia quedó en firm ...