Antecedentes del caso

La recusación fue presentada contra un conjuez designado para decidir en un proceso electoral, debido a su participación en el Comité Nacional de Garantías de un movimiento político involucrado en el trámite judicial. Se argumentó que esta vinculación podría afectar su imparcialidad e independencia, dado que el proceso incluía cargos relacionados con la aceptación de renuncias de candidatos avalados por dicha organización política.

Decisión sobre la recusación

Mediante auto, la sala declaró fundada la recusación al considerar acreditada la participación del conjuez en el movimiento político, lo que podría comprometer la transparencia del proceso. La parte demandada solicitó aclaración, adición y control de legalidad contra esta decisión, alegando falta de motivación suficiente sobre el interés directo o indirecto del conjuez en el proceso y señalando posibles defectos procesales y sustantivos.

Análisis de la solicitud de aclaración y adición

La sala recordó que la figura de aclaración solo procede cuando la providencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estas estén en la parte resolutiva o influyan en ella. En este caso, se concluyó que la petición no busca aclarar dichos conceptos, sino controvertir la decisión adoptada, lo cual está fuera del alcance de la aclaración. De igual manera, la solicitud de adición fue considerada improcedente, pues no se omitió resolver ningún punto que debía pronunciarse en el auto.

Control de legalidad y conclusiones

La petición de control de legalidad basada en un artículo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue rechazada, dado que esta norma no aplica a decisiones judiciales sino a actos administrativos. Además,...