El Consejo de Estado examinó el incidente de desacato impuesto a la alcaldía del Distrito de Barrancabermeja por no cumplir con las sentencias que ordenaban la reubicación definitiva de las familias que habitan en la ronda hídrica de la ciénaga Miramar. La acción popular fue instaurada por la Defensoría del Pueblo, que denunció la vulneración de derechos colectivos al ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad pública y seguridad, debido a la falta de alcantarillado en el barrio Pueblo Nuevo.

Órdenes judiciales incumplidas

Las sentencias, proferidas en 2020 y 2021, ordenaron al Distrito adelantar gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación de las familias afectadas en un plazo máximo de 18 meses, realizar un censo detallado de las viviendas en la zona, instalar y mantener pozos sépticos mientras se completaba la reubicación, y ejercer control urbano para evitar nuevos asentamientos en la ronda hídrica. Además, se ordenó coordinar con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) un estudio sobre las afectaciones ambientales y formular un programa de recuperación del ecosistema acuífero.

Incumplimientos y responsabilidades

El tribunal constató que, a la fecha de la providencia, no se habían cumplido las órdenes de reubicación ni las gestiones administrativas relacionadas. La alcaldía condicionó el avance a la delimitación de la ronda hídrica por parte de la autoridad ambiental, aunque esta información fue entregada posteriormente, lo que podría haber permitido iniciar los procesos requeridos. Asimismo, no se implementaron los pozos sépticos ni se adoptaron mecanismos para evitar que personas no habitaban en la zona recibieran subsidios. La Sala enfatizó que no existe justificación legal o fáctica para la demora de...