Antecedentes del caso

La empresa prestadora de servicios públicos de aseo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando la declaratoria de nulidad de dos resoluciones expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La primera resolución, del 11 de enero de 2024, ordenó a dicha empresa abstenerse de facturar el servicio de aseo a ciertos usuarios, quienes tenían contrato con otro operador. La segunda resolución, del 24 de junio de 2024, corrigió un error formal en la primera. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda por considerarla presentada fuera del plazo legal, que es de cuatro meses contados desde la notificación de la resolución original. La parte demandante alegó que el plazo debía contarse desde la notificación de la resolución corregida, argumentando que esta última modificó sustancialmente la decisión.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revisó el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda. Confirmó que la corrección realizada en la segunda resolución fue un acto administrativo dirigido a subsanar un error material de digitación, sin modificar el sentido material de la decisión ni crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Por tanto, el plazo para presentar la demanda comenzó a contarse desde la notificación de la resolución original, el 25 de enero de 2024, y venció el 27 de mayo de 2024. La demanda presentada el 29 de agosto de 2024 fue considerada extemporánea. Además, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada después del vencimiento no suspendió el término para interponer la demanda. El Consejo de Estado aclaró que la admisión de demandas similares en otros procesos no obliga a adoptar la misma decisión en este caso, dado que aquí se comprobó la caducidad del término.

Implicaciones prácticas

Esta sentencia reafirma la importancia de observar rigurosamente los plazos procesales en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La corrección de errores formales en los actos administrativos no reinicia los términos para demandarlos, lo que afecta a las partes interesadas en la impugnación de decisiones administrativas. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica y la eficacia del procedimiento administrativo sancionatorio, asegurando que los términos para presentar recursos se respeten y se eviten dilaciones indebidas. En conclusión, esta decisión establece un precedente claro sobre la interpretación de los plazos en procesos contenciosos administrativos, promoviendo la estabilidad y la certeza en las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración pública.

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Consejo de Estado confirma rechazo de demanda por extemporaneidad en caso contra resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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