Contexto y fundamento jurídico

Con base en la sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional, la Superintendencia Financiera de Colombia ha elaborado un proyecto de circular que establece lineamientos claros para que las entidades vigiladas realicen un análisis individualizado del riesgo de LA/FT en la prestación de productos y servicios financieros a personas con antecedentes penales o investigaciones penales en curso. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a los servicios financieros debe basarse en criterios objetivos y razonables para evitar restricciones arbitrarias que vulneren derechos fundamentales.

Principales lineamientos del proyecto

El proyecto de circular establece que las entidades vigiladas deben abstenerse de aplicar restricciones automáticas para la vinculación y prestación de servicios financieros basadas únicamente en antecedentes penales o investigaciones en curso, sin un análisis individualizado del perfil de riesgo de LA/FT. Se indica que las entidades deben: - Aplicar las medidas de conocimiento del cliente establecidas en la normativa vigente, sin imponer restricciones innecesarias. - Identificar el perfil de riesgo individualizado y ejercer controles de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. - Informar claramente al consumidor en caso de negación de servicios, detallando los fundamentos objetivos que sustentan la decisión.

Prevención de prácticas y cláusulas abusivas

El proyecto adiciona disposiciones para prohibir prácticas abusivas, como la imposición de restricciones automáticas sin análisis individualizado, y cláusulas contractuales que establezcan terminación automática por antecedentes penales o investigaciones en curso sin evaluación previa del riesgo.

Supervisión y cumplimiento

La Superintendencia Financiera ejercerá sus facultades de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de los lineamientos impartidos. Además, las entidades deben continuar cumpliendo con las obligaciones internacionales relacionadas con...