Contexto y tribunal competente

La providencia que se analiza fue proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en segunda instancia, en el marco de una acción de tutela presentada contra el Juzgado de Ejecución de Penas y otras entidades como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La acción fue interpuesta con el fin de proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados en un proceso penal y su ejecución.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante interpuso tutela argumentando que, a pesar de que en 2012 el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Descongestión decretó la extinción de la sanción y ordenó cancelar las órdenes de captura en su contra, fue aprehendida en enero de 2025 por ese mismo proceso penal. Además, denunció que, tras solicitar por correo electrónico el cumplimiento de la orden judicial para expedir los oficios correspondientes y ocultar las anotaciones registrales, no recibió respuesta ni se cumplió con lo solicitado. En el trámite procesal, el Tribunal admitió la tutela y notificó a las autoridades involucradas. El Juzgado Cuarto informó que el proceso estaba a cargo actualmente del Juzgado Veintitrés de Ejecución de Penas, a quien se trasladó la solicitud. Este último, mediante auto del 29 de mayo de 2025, ordenó el ocultamiento de la información relacionada con el proceso penal y la cancelación de las órdenes de captura vigentes. Asimismo, libró los oficios pertinentes y notificó a la accionante y al Centro de Servicios Administrativos. Por...