Contexto y competencia del Tribunal

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció y falló una acción de tutela promovida por un ciudadano contra múltiples juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como juzgados penales del circuito y municipales con función de conocimiento de Bogotá y otras ciudades. La protección constitucional fue solicitada por presuntas vulneraciones al derecho fundamental de hábeas data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, y al debido proceso en su expresión del derecho de postulación, en relación con la gestión y ocultamiento de información penal en bases de datos públicas. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y los decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000 y 333 de 2021, el Tribunal Superior es competente para conocer y decidir sobre la acción constitucional en esta segunda instancia.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante manifestó haber solicitado a las autoridades judiciales el ocultamiento al público de información relacionada con varios procesos penales en los cuales fue condenado y cuya pena, según afirma, se encuentra prescrita o extinguida. En particular, solicitó la anonimización de las anotaciones en los sistemas judiciales y penales visibles al público, argumentando que, habiendo cumplido o extinguido las sanciones, la información debería dejar de estar accesible para proteger sus derechos fundamentales. Sin embargo, según expuso, algunas de estas solicitudes no han sido atendidas oportunamente por las autoridades judiciales o administrativas, manteniéndose vigente la información en las bases de datos públicas, lo que motivó la interposición de la acción de tutela. Durante el trámite, el Tribunal ordenó la vinculación de diversas entidades judiciales relacionadas con la ejecución de penas y medidas de seguridad para que rindieran informe sobre el estado de las solicitudes y de los procesos en cuestión.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Tribunal analizó la legitimidad activa del accionante para promover la tutela, considerando que la presunta omisión afecta directamente sus intereses. También confirmó la legitimidad pasiva de las autoridades judiciales, responsables de resolver las solicitudes de ocultamiento o anonimización de la información. En cuanto a la procedibilidad, se constató que algunas solicitudes fueron radicadas formalmente ante las autoridades competentes, mientras que otras carecían de prueba suficiente que acreditara la presentación o trámite adecuado. La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez dado que la presunta vulneración se mantiene en el tiempo, y se evaluó la subsidiariedad, concluyendo que no existían otros medios judiciales idóneos para obtener una respuesta eficaz y oportuna. El Tribunal recordó que el derecho al hábeas data, conforme al artículo 15 de la Constitución Política, protege a toda persona para conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella consta en bases de datos públicas o privadas, exigiendo un tratamiento respetuoso de los derechos fundamentales. La jurisprudencia ha establecido que una vez declarada la extinción o prescripción de una pena, procede la supresión del nombre del condenado de los medios de acceso público, manteniendo el documento en archivos institucionales. Respecto al derecho de postulación, el fallo destacó que las solicitudes presentadas y que no reciben respuesta por parte de los funcionarios judiciales competentes constituyen una vulneración de este derecho, el cual implica que la autoridad debe actuar o abstenerse dentro del ámbito de sus competencias en defensa de los derechos fundamentales.

Análisis y decisiones puntuales

El Tribunal realizó un detallado análisis de cada uno de los procesos indicados por el accionante:

En algunos procesos, se comprobó que la autoridad judicial competente había ordenado el ocultamiento de la información, pero la dependencia administrativa encargada no había cumplido con la orden, lo que configuró vulneración al hábeas data y al derecho de postulación.
En otros casos, se constató que no existía solicitud formal de ocultamiento o que no se aportó prueba suficiente de su radicación, por lo que se negó el amparo constitucional en esas instancias.
Se evidenció una dilación injustificada en la tramitación de solicitudes por parte de centros administrativos de los juzgados, por lo que se previno a los coordinadores de estas dependencias para evitar conductas que comprometan el respeto efectivo de los derechos fundamentales.
Se ordenó a las autoridades judiciales competentes atender con diligencia y dentro de plazos razonables las solicitudes pendientes de resolución, en garantía de los derechos del solicitante.

Conclusiones de la providencia

En virtud del análisis efectuado, el Tribunal Superior de Bogotá amparó parcialmente los derechos fundamentales del accionante, concretamente el derecho al debido proceso en su expresión del derecho de postulación y el derecho al hábeas data, en relación con procesos específicos en los que se constató vulneración. Se impartieron órdenes claras a las autoridades judiciales y administrativas para que cumplan con las solicitudes de ocultamiento de información en las bases de datos públicas y se previno contra dilaciones injustificadas. La providencia judicial resalta la importancia de garantizar el acceso efectivo a los mecanismos que protegen los derechos fundamentales sobre la información personal contenida en registros judiciales, equilibrando el interés público en la información con la protección de la intimidad y la dignidad de las personas. Contra esta decisión procede recurso de impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación, y el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión si no es impugnado, asegurando así un control adicional sobre la protección de los derechos fundamentales involucrados.

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Tribunal Superior de Bogotá ampara derechos fundamentales en tutela sobre ocultamiento de información penal pública

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