Providencia judicial en tutela sobre ejecución de penas

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá conoció en primera instancia una acción de tutela interpuesta contra el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá, el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y su respectivo Centro de Servicios Administrativos. El actor constitucional alegó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y habeas data.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante manifestó que el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia decretó la extinción de la sanción penal por cumplimiento de pena en un proceso seguido contra él. Sin embargo, sostuvo que esta decisión no fue comunicada oportunamente a las autoridades judiciales correspondientes ni se realizó el ocultamiento de la información pública relacionada, lo cual generó una presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, el accionante reclamó que, pese a encontrarse privado de la libertad en un establecimiento penitenciario ubicado en Antioquia, el proceso bajo la vigilancia del Juzgado 24 de Ejecución de Penas en Bogotá no había sido remitido al Centro de Servicios Administrativos de Antioquia para la correcta ejecución de su pena, afectando así su derecho al juez natural y al debido proceso. Durante el trámite de la acción, la Sala vinculó a las autoridades judiciales y administrativas involucradas, así como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para que rindieran informes sobre la situación procesal y administrativa.

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