Providencia judicial y contexto procesal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en primera instancia, profirió un auto negando la acción de tutela promovida contra el Juzgado 2° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). La acción fue presentada por un ciudadano que alegó la vulneración de su derecho fundamental al buen nombre debido a la existencia de registros penales y anotaciones en bases de datos oficiales que afectaban sus trámites para la obtención de un permiso de porte de armas. El accionante informó que, al solicitar el permiso de porte de armas ante la Industria Militar de Colombia (INDUMIL), le notificaron la existencia de dos procesos penales en su contra: uno por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, donde fue condenado y cumplió su pena; y otro por el delito de falso testimonio, del cual desconocía su existencia. Al solicitar información a la DIJIN y al Juzgado 2° Penal del Circuito, recibió respuestas contradictorias sobre la existencia y el estado actual de dichos procesos en sus registros.

Antecedentes y participación de las entidades vinculadas

La Sala Penal se avocó a conocimiento del caso mediante auto y vinculó al Juzgado 2° Penal del Circuito, a la DIJIN, a INDUMIL y al Departamento de Control de Comercio, Armas y Municiones (DCCAM). Cada entidad respondió con base en sus competencias y registros:

INDUMIL señaló que no tenía solicitud pendiente del accionante ni competencia para eliminar registros penales, ya que esta función correspondía al DCCAM y a la DIJIN.
El Juzgado 2° Penal del Circuito afirmó no haber conocido procesos contra el accionante y remitió oficio a la DIJIN solicitando la actualización de la base de datos.
DIJIN confirmó que en sus sistemas figuraban dos registros relacionados con el accionante, pero que dichos procesos tenían nota de extinción, y expidió un certificado que indicaba “NO REGISTRA ANTECEDENTES”.
DCCAM no se pronunció en el proceso.

El estudio del expediente evidenció que el accionante no aportó pruebas documentales que acreditaran los trámites realizados ante INDUMIL o DCCAM ni respuestas oficiales negativas o información precisa sobre las anotaciones en los registros.

Consideraciones jurídicas y análisis del Tribunal

La Sala recordó que la acción de tutela, según el artículo 86 de la Constitución Política, es un mecanismo expedito, residual y subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, procediendo sólo cuando no existen otros medios judiciales idóneos o cuando estos resultan ineficaces para evitar un perjuicio irremediable. En cuanto al derecho al buen nombre y la gestión de antecedentes penales, la jurisprudencia constitucional establece que:

La acción de tutela debe presentarse en un término prudente para asegurar la inmediatez de la protección.
El derecho al olvido se protege mediante la supresión total o parcial de la información personal en bases de datos, especialmente cuando la información consiste en anotaciones procesales que no constituyen antecedentes penales definitivos.
Las anotaciones judiciales cumplen una función instrumental en el proceso penal y, aunque pueden afectar la reputación, su manejo debe garantizar la precisión y actualización adecuada para evitar daños injustificados.

En este caso, el Tribunal encontró que la DIJIN había difundido inicialmente información inexacta sobre la vigencia de los procesos relacionados con el accionante, lo que atentaba contra el derecho al buen nombre. Sin embargo, esta situación fue corregida con la expedición del certificado policial que certificaba la inexistencia de antecedentes, evidenciando un hecho superado y la ausencia de vulneración actual. Respecto al Juzgado 2° Penal del Circuito, el Tribunal determinó que no era responsable por la anotación cuestionada, dado que la información correspondía a procesos anteriores y el juzgado no conoció dichos procesos. Por ello, se ordenó su desvinculación de la acción. De igual manera, INDUMIL y el DCCAM fueron desvinculados por no haberse acreditado la realización de trámites ante ellos ni su participación directa en la supuesta vulneración.

Decisión y conclusiones procesales

En virtud del análisis, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió:

Negar el amparo solicitado en la acción de tutela contra la DIJIN, debido a que el hecho generador de la supuesta vulneración fue superado y no existía vulneración actual del derecho al buen nombre.
Desvincular del proceso al Juzgado 2° Penal del Circuito, al Departamento de Control de Comercio, Armas y Municiones y a la Industria Militar de Colombia, por no ser responsables ni tener participación en la controversia.

Finalmente, se indicó que contra esta decisión procede impugnación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, de no ser recurrida, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta providencia refleja la importancia de la precisión y actualización en la gestión de antecedentes penales y anotaciones judiciales, así como el alcance y límites de la acción de tutela para proteger derechos fundamentales en el marco del derecho al buen nombre.

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Tribunal Superior de Bogotá niega tutela por presunta vulneración del derecho al buen nombre en trámite de antecedentes penales

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