Contexto y antecedentes del caso

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció una acción de tutela promovida contra un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que corresponde a la primera instancia judicial en este caso. La acción fue instaurada por un ciudadano que alegaba la violación de su derecho fundamental al debido proceso, debido a la presunta falta de respuesta por parte del juzgado a solicitudes relacionadas con el estado de un proceso penal en su contra, la certificación del tiempo de privación de la libertad y el reconocimiento de redenciones de pena. Según el relato del accionante, el 23 de abril de 2025 presentó al juzgado una petición formal para obtener información sobre el proceso y su situación respecto a la ejecución de la pena impuesta, sin haber recibido respuesta hasta la fecha de interposición de la tutela. Durante la tramitación de la acción, el Tribunal Superior avocó conocimiento y vinculó a las autoridades judiciales pertinentes, incluyendo el juzgado accionado, otro juzgado de ejecución de penas y el centro administrativo de servicios judiciales relacionado con la ejecución de penas en Bogotá, para obtener sus pronunciamientos.

Actuaciones y respuestas de las autoridades

El segundo juzgado de ejecución de penas informó que el proceso penal fue remitido al Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en mayo de 2023, siendo este último competente para atender la solicitud del accionante. Por ello, solicitó que se negara la tutela en su contra. El Juzgado 30 explicó que el proceso penal en cuestión fue asignado a su despacho en...