Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de competencia constitucional, emitió una providencia mixta respecto a una acción de tutela. La demanda fue interpuesta contra el Juzgado 31 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, autoridad encargada de la vigilancia y ejecución de pena de un privado de la libertad recluido en un establecimiento penitenciario de la capital. La acción constitucional cuestionó la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en especial por la negativa a conceder la libertad condicional.

Antecedentes fácticos y procesales

El privado de la libertad solicitó en dos ocasiones la libertad condicional, inicialmente mediante auto del 26 de febrero de 2025, que negó el beneficio. Posteriormente, el interno presentó una nueva solicitud acompañada de documentación que buscaba acreditar arraigo familiar y social, además de explicar las razones por las cuales no había sido trasladado de la fase de alta a mediana seguridad en el tratamiento penitenciario. Sin embargo, la segunda solicitud fue resuelta mediante auto del 12 de mayo de 2025, en el que el juzgado se limitó a estar a lo resuelto en febrero, sin analizar sustancialmente los nuevos argumentos. Durante el trámite de la tutela, se vinculó a diversas entidades y despachos judiciales, entre ellos el Consejo de Evaluación y Tratamiento penitenciario, el Centro de Servicios Administrativos Judiciales, y otros juzgados involucrados en procesos conexos. Según el Consejo de Evaluación y Tratamiento, el interno debía permanecer en fase de alta seguridad debido a un requerimiento judicial vigente no acumulado con la condena...