Contexto y antecedentes del caso

En junio de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Penal, atendió una acción de tutela presentada contra el Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos de Bogotá. La acción fue interpuesta por una persona que había sido condenada en 2012 por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y quien alegaba la presunta vulneración de su derecho de petición al no recibir respuesta a solicitudes de información sobre la extinción de su pena. El accionante informó que, tras cumplir una condena de prisión, fue víctima de amenazas dentro del centro penitenciario y solicitó en varias oportunidades un cambio de patio que no fue concedido. Posteriormente, dejó de presentarse en prisión tras concluir los beneficios durante su reclusión, reconociendo que fue un error. En abril de 2025, se enteró de que la pena había sido extinguida en 2023 y solicitó formalmente al Juzgado 19 de Ejecución de Penas copia del auto judicial que confirmaba dicha extinción, sin recibir respuesta pese a reiterar la petición en mayo del mismo año.

Trámite procesal y respuesta de las autoridades

El Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respondió que, efectivamente, el 11 de septiembre de 2023 se profirió auto de extinción de la sanción penal por prescripción, con la cancelación de la orden de captura y el archivo definitivo del proceso. Esta decisión fue tramitada mediante el Centro de Servicios Administrativos, que registró la salida definitiva a partir de enero de 2024. Respecto a...