Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Penal, como respuesta a una acción de tutela de primera instancia. Esta acción fue instaurada contra la Policía Nacional y el Juzgado 23 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, entidad a la que se vinculó el Centro de Servicios Administrativos relacionado con dicha jurisdicción. El accionante fue condenado en julio de 2019 por un juzgado penal municipal de Bogotá a 39 meses de prisión por delitos de hurto calificado agravado en concurso con lesiones personales en grado de tentativa. La condena fue confirmada por el Tribunal Superior en febrero de 2020. Sin embargo, debido a que transcurrieron más de cinco años sin que se ejecutara la captura, operó la prescripción punitiva. En febrero de 2020 se emitieron órdenes de captura vigentes contra el condenado, las cuales, según el accionante, afectaban injustamente su derecho a la libertad. Posteriormente, en febrero de 2025, el Juzgado 23 de Ejecución de Penas decretó la extinción de la sanción por prescripción y ordenó la cancelación de dichas órdenes de captura, la comunicación de esta situación a las autoridades competentes y el ocultamiento del proceso judicial a la consulta pública. No obstante, al momento de interponer la tutela, estas órdenes no se habían cumplido, lo que según el accionante vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y el buen nombre.

Actuación de las autoridades y respuesta judicial

El Tribunal Superior asumió conocimiento de la acción de tutela en junio de 2025 y dio traslado a las...