Providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de su competencia en primera instancia, emitió un auto mediante el cual resolvió una acción de tutela presentada contra el juez 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La acción fue interpuesta por una víctima en un proceso penal en curso, alegando que sus derechos constitucionales fundamentales, en particular el derecho al debido proceso, estaban siendo vulnerados por la demora y la falta de respuesta adecuada del juez frente a la situación procesal.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó en el marco de un proceso penal iniciado contra una persona acusada de delitos como fraude procesal, obtención de documento público falso y estafa agravada. La imputada se encuentra privada de la libertad en Moscú, Rusia, lo cual ha dificultado su comparecencia a las audiencias previstas en Colombia. A pesar de la formulación de imputación y la programación de la audiencia de formulación de acusación, la defensa informó que la procesada no podía estar presente debido a su situación de detención en el extranjero. Por ello, el juez encargado del proceso inició las gestiones para facilitar la participación virtual de la imputada a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes, en particular mediante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la víctima solicitó en reiteradas ocasiones que se diera celeridad al proceso, que se reprograme la audiencia y que se tomen medidas para avanzar en el trámite, incluyendo la declaración de contumacia de la procesada. Estas solicitudes no fueron atendidas en tiempo oportuno, lo que motivó la presentación de la acción de tutela.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución Política para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no existan otros medios judiciales efectivos o cuando se busque evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se analizó la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, que garantiza la participación efectiva, la celeridad y la garantía de defensa en los procesos judiciales. La Sala constató que, aunque algunas solicitudes de la víctima ya habían sido parcialmente atendidas, persistía una demora injustificada en la gestión para garantizar la participación de la imputada privada de la libertad en el extranjero. En particular, el juez no había subsanado los defectos en la solicitud de asistencia legal internacional presentada al Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que retrasaba la realización de la audiencia y afectaba el derecho al debido proceso. El tribunal hizo referencia al Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal (Ley 1596 de 2012), que regula los procedimientos para la cooperación judicial internacional, señalando que las solicitudes deben cumplir con requisitos específicos y presentarse con una antelación mínima.

Decisión y órdenes impartidas

En consecuencia, la Sala Penal decidió:

• Negar la tutela respecto al Ministerio de Justicia y del Derecho, al no encontrar vulneración de derechos por parte de esta entidad.
• Conceder la tutela frente al juez 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá para la protección del derecho fundamental al debido proceso a favor de la víctima.
• Ordenar al juez que, en un plazo máximo de 48 horas, subsane los defectos en la solicitud de asistencia legal internacional, ajustándose a los requisitos legales señalados y a las indicaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho.
• Disponer que, una vez cumplido el plazo, el juez informe al magistrado sustanciador sobre el cumplimiento de estas órdenes.

Finalmente, se estableció que, si la decisión no es impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Importancia del fallo para el debido proceso en casos con participación internacional

Este auto pone de relieve la complejidad y los retos que enfrentan los procesos penales cuando una de las partes se encuentra en situación de detención en el exterior. La decisión subraya la obligación de los jueces de garantizar la diligencia y el cumplimiento estricto de los procedimientos de cooperación internacional previstos en la ley, para asegurar que el derecho al debido proceso no se vea afectado por demoras injustificadas. Asimismo, reafirma la función de la acción de tutela como mecanismo eficaz para proteger derechos fundamentales en situaciones donde no existen otros medios judiciales inmediatos, especialmente cuando la demora puede generar un perjuicio irreparable en el desarrollo del proceso penal. Esta providencia también destaca la importancia de la coordinación entre las entidades judiciales nacionales y las autoridades internacionales, así como la necesidad de cumplir con los requisitos formales para la asistencia legal recíproca, elementos clave para el avance oportuno y justo de los procesos penales con componentes internacionales. Con este pronunciamiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contribuye a fortalecer las garantías procesales y el respeto al debido proceso en el contexto de la justicia penal, atendiendo a los derechos fundamentales de las víctimas y de los procesados, incluso cuando estos últimos se encuentran fuera del territorio nacional.