Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Extinción de Dominio, en primera instancia. El caso se originó a partir de una acción de tutela promovida en protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición, atribuyendo una presunta vulneración a la Fiscalía Trece Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. En el trámite se vinculó además a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de la administración de bienes sujetos a medidas cautelares en procesos de extinción de dominio.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, a través de su apoderada judicial, presentó un derecho de petición ante la Fiscalía Trece Especializada solicitando información sobre la existencia de órdenes judiciales o administrativas para la entrega y traslado de un local comercial y sus mercaderías, la ubicación actual de dichos bienes y, en caso de ausencia de tales órdenes, que se investigue un posible delito de alzamiento de bienes. La Fiscalía respondió parcialmente, indicando que la administración de los bienes había sido entregada a la SAE tras la adopción de medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio iniciado de manera oficiosa. La petición fue remitida a la SAE para que esta entidad respondiera conforme a sus competencias. Posteriormente, la SAE contestó señalando que la administración de los bienes estaba en su cargo y que, conforme a la Ley 1708 de 2014, los afectados por medidas cautelares tienen restricciones en actos de disposición, administración o gestión sobre dichos bienes, negando la solicitud de acceso a información...