Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en primera instancia, en el marco de una acción de tutela presentada contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio, así como contra otras entidades vinculadas al proceso. La acción buscaba proteger derechos fundamentales alegadamente vulnerados en relación con un inmueble ubicado en Fusagasugá, cuya extinción de dominio había sido decretada.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue instaurada por la agente oficiosa de una ciudadana adulta mayor, propietaria del inmueble objeto del proceso de extinción de dominio. El inmueble fue inicialmente involucrado en un proceso judicial debido a que su arrendatario estaba vinculado a actividades relacionadas con estupefacientes. En primera instancia, el Juzgado Tercero Penal negó la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble y ordenó el levantamiento de medidas cautelares. No obstante, esta decisión fue revocada en consulta por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la extinción definitiva del derecho de dominio y traspasó el bien a favor del Estado, representado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. Tras esta revocatoria, se llevaron a cabo los actos administrativos y registrales correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Sin embargo, la agente oficiosa argumentó que las medidas cautelares y restricciones sobre el inmueble seguían vigentes, afectando derechos fundamentales como la vida digna, la seguridad social, la salud, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia...