Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta de Decisión Laboral, profirió un auto el 30 de abril de 2025, dentro del recurso de apelación interpuesto en un proceso ordinario laboral que adelanta una entidad bancaria contra una trabajadora. La apelación se dirigió contra la providencia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de marzo de 2025, la cual negó la admisión de una prueba documental solicitada por la parte demandada.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene origen en una demanda en la que la entidad bancaria solicita que se declare la existencia del fuero sindical de la trabajadora, en su calidad de tesorera de la organización sindical, y que se reconozca la existencia de justa causa para el despido, solicitando además el levantamiento del fuero. Durante la audiencia del 11 de marzo de 2025, la defensa de la trabajadora solicitó que se allegaran sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá que habrían establecido precedentes sobre el alcance de un acuerdo convencional en procesos de fuero sindical similares. Sin embargo, el juzgado de primera instancia negó dicha solicitud argumentando que dichas sentencias son públicas y pueden ser consultadas y descargadas directamente por las partes desde las páginas oficiales de las autoridades judiciales. Posteriormente, la parte demandada interpuso recurso de reposición contra esa negativa, el cual fue también rechazado por el juzgado, reiterando que los documentos solicitados no constituyen prueba exclusiva en poder de la parte actora y que la parte demandada no agotó los medios para obtenerlos por sus propios medios.

Consideraciones jurídicas del Tribunal Superior

El Tribunal Superior, al analizar el recurso de apelación, se limitó al estudio exclusivo de la materia objeto del mismo, en concordancia con el artículo 66A del Código de Procedimiento Laboral y de la Sala de Decisión. El problema jurídico planteado fue determinar si era procedente decretar como prueba las sentencias judiciales solicitadas por la parte demandada a cargo de la parte actora. El Tribunal recordó que, conforme al artículo 82 numeral 6 del Código General del Proceso (CGP), una parte puede solicitar a la contraparte la entrega de documentos que esta tenga en su poder, siempre que se indique claramente cuáles son dichos documentos. Sin embargo, el artículo 96 del mismo cuerpo normativo establece que con la contestación de la demanda se deben allegar los documentos que se posean y que hayan sido solicitados o indicar expresamente que no se tienen. En este caso, el Tribunal concluyó que las sentencias judiciales requeridas no eran documentos exclusivos en poder de la parte actora, sino que son providencias judiciales de acceso público y pueden ser consultadas directamente en los repositorios electrónicos oficiales de las corporaciones judiciales, o solicitadas mediante derecho de petición a la autoridad competente. Por lo tanto, la parte demandada debió allegar directamente dichas sentencias, en lugar de solicitar que fueran aportadas por la parte actora. Asimismo, la Sala enfatizó que la parte y su apoderado deben abstenerse de solicitar al juez la consecución de documentos que puedan obtener por sí mismos, conforme al numeral 10 del artículo 78 del CGP. El Tribunal concluyó que la negativa del juzgado de primera instancia a decretar la prueba solicitada estuvo ajustada a derecho, sin perjuicio de que, si fuera imperativo incorporar esas providencias judiciales, el juez de conocimiento podría disponer otro medio para su consecución.

Decisión y costas

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la providencia del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito que negó la admisión de las pruebas documentales solicitadas por la parte demandada. Además, decidió no imponer costas en esta segunda instancia. La providencia fue notificada a través del estado virtual elaborado por la Secretaría de la Sala Sexta de Decisión Laboral.

Importancia del fallo

Esta decisión reafirma la importancia de que las partes en un proceso judicial utilicen correctamente los mecanismos procesales para la obtención y presentación de pruebas, especialmente cuando se trata de documentos públicos accesibles. Asimismo, subraya la responsabilidad de los litigantes y sus apoderados en evitar cargas procesales innecesarias al tribunal, promoviendo la eficiencia y economía procesal. El fallo también evidencia el respeto a los principios de buena fe procesal y la correcta aplicación del Código General del Proceso en materia probatoria, contribuyendo a la transparencia y orden en el desarrollo de los procesos laborales en Colombia. En definitiva, esta providencia sienta un precedente importante sobre la gestión de pruebas documentales en procesos laborales, resaltando que las partes deben aprovechar los recursos disponibles para allegar documentos públicos sin sobrecargar al órgano jurisdiccional, lo cual fortalece la eficiencia y seguridad jurídica en la administración de justicia laboral.