Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia en cuestión es una sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en segunda instancia. Se trata del recurso de apelación interpuesto frente a una sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 43 Laboral del Circuito de Bogotá, que condenó a una ARL a reconocer y pagar una pensión de invalidez, junto con el pago retroactivo y los intereses moratorios correspondientes.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó cuando un trabajador afiliado a la ARL sufrió un accidente laboral el 19 de noviembre de 2016, que le ocasionó la pérdida total e inmediata de la visión en su único ojo funcional. Previamente, había perdido la visión en el otro ojo durante su infancia, por lo que el accidente le generó una ceguera bilateral total. La ARL emitió un dictamen inicial que calificó una pérdida de capacidad laboral del 79.90% de origen laboral, con fecha de estructuración de la invalidez el 22 de diciembre de 2016. El trabajador solicitó formalmente el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 21 de abril de 2017, petición que la ARL no atendió oportunamente. En consecuencia, el Juzgado 43 Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la ARL a reconocer y pagar la pensión desde la fecha del accidente, junto con el retroactivo acumulado hasta septiembre de 2024 e intereses moratorios. Además, absolvió a otras entidades vinculadas del proceso. La ARL interpuso recurso de apelación, argumentando que la incapacidad del trabajador era el resultado de una enfermedad común preexistente (glaucoma juvenil diagnosticado en la juventud) y no del accidente laboral, por lo que no correspondía la pensión de invalidez bajo el Sistema General de Riesgos Laborales ni el pago de intereses moratorios.

Consideraciones del Tribunal Superior

El Tribunal Superior analizó con detenimiento el material probatorio, especialmente los dictámenes técnicos emitidos inicialmente por la ARL y posteriormente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Esta última entidad, de reconocido prestigio y especialización, confirmó la pérdida de capacidad laboral del 79.90% y estableció que la fecha de estructuración de la invalidez fue el mismo día del accidente laboral, el 19 de noviembre de 2016. El Tribunal destacó que, aunque el trabajador tuviera antecedentes médicos y quirúrgicos relacionados con enfermedades oculares, la invalidez permanente y definitiva se produjo como consecuencia directa e inmediata del accidente laboral que afectó su único ojo funcional. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señala que la responsabilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez recae en la ARL cuando la incapacidad se origina en un accidente de trabajo, aunque existan condiciones preexistentes. Respecto a los intereses moratorios, el Tribunal recordó que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establece su procedencia automática en caso de mora injustificada en el pago de las mesadas pensionales, sin que sea necesario demostrar mala fe. No obstante, el pago debe ser ordenado a partir de los cuatro meses siguientes a la radicación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario. En consecuencia, la Sala resolvió modificar la sentencia de primera instancia únicamente para precisar que los intereses moratorios se causan desde el 21 de agosto de 2017 –cuatro meses después de presentada la solicitud– y hasta cuando se realice el pago efectivo. En todos los demás aspectos, confirmó la decisión del juzgado de primera instancia.

Marco normativo y jurisprudencia aplicados

La decisión se fundamentó en el régimen legal del Sistema General de Riesgos Laborales, especialmente:

Ley 100 de 1993, artículos 38 a 41, referentes al régimen general de pensiones.
Ley 776 de 2002, artículo 9, que regula las condiciones para el reconocimiento de la pensión de invalidez por riesgos laborales.
Decreto 1507 de 2014, que adopta el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional.
Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales.
Jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia que enfatiza el valor del dictamen técnico y la fecha de estructuración de la invalidez para el reconocimiento pensional.

Importancia y alcance de la sentencia

Esta providencia reafirma la importancia de los dictámenes técnicos especializados para determinar el origen y fecha de estructuración de la invalidez en procesos laborales y de seguridad social. Además, clarifica los parámetros legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez y la procedencia del pago de intereses moratorios en caso de mora injustificada por parte de las ARL. De esta manera, se asegura la protección de los derechos de los trabajadores afectados por accidentes laborales, garantizando el acceso oportuno a las prestaciones económicas establecidas en la ley y contribuyendo a la seguridad jurídica en el ámbito del derecho laboral y de seguridad social. En suma, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante esta sentencia, contribuye a consolidar criterios claros y coherentes que orientan la aplicación del Sistema General de Riesgos Laborales, reforzando la tutela judicial efectiva en materia pensional y promoviendo el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

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Tribunal Superior de Bogotá confirma pensión de invalidez y ordena pago de intereses moratorios a ARL en caso de accidente laboral

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