Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió en segunda instancia un proceso ordinario en materia laboral relacionado con la afiliación y traslado entre regímenes pensionales. La demandante, por medio de apoderado, interpuso acción contra la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías privada y la administradora colombiana de pensiones pública, solicitando que se declarara la ineficacia de su traslado del régimen de prima media con prestación definida (RPM) al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), debido a una supuesta omisión en el deber de información. Se pidió que se ordenara su reingreso sin solución de continuidad al régimen público y la transferencia de los aportes, semanas cotizadas y rendimientos financieros acumulados en el fondo privado. La demanda fue admitida y contestada por ambas entidades. La administradora privada argumentó que la información suministrada fue clara, suficiente y eficaz, negando vicios en el consentimiento y rechazando la devolución de gastos de administración por considerar que estos no financian prestaciones individuales, sino que constituyen contraprestación por la gestión del fondo. La entidad pública sostuvo que no existían pruebas que demostraran la falta de información o vicios en el consentimiento, y alegó la inexistencia de requisitos legales para la nulidad del traslado. En primera instancia, el juzgado laboral declaró la ineficacia del traslado, ordenó la devolución del capital ahorrado y rendimientos financieros al fondo público y dispuso el traslado de la afiliación de la demandante sin interrupción, rechazando excepciones como la prescripción y absolviendo parcialmente en costas.

Consideraciones jurídicas del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Bogotá analizó el caso con base en la legislación vigente, jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se destacó que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, permite la libre elección y traslado entre regímenes pensionales, sujeto a limitaciones temporales para proteger la estabilidad financiera del sistema. La Corte Constitucional ha reconocido la constitucionalidad de restricciones temporales para evitar la descapitalización del fondo común y garantizar la sostenibilidad del sistema, en sentencias como...

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Tribunal Superior de Bogotá confirma ineficacia de traslado entre regímenes pensionales y ordena devolución de aportes

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