Contexto y antecedentes del caso

La providencia judicial analizada corresponde a una sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, que revisó la impugnación contra una decisión previa del Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá. La accionante, reconocida como víctima del conflicto armado y registrada en el Registro Único de Víctimas (RUV), solicitó amparo constitucional frente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otras entidades, en razón de la suspensión de su ayuda humanitaria y la demora en el pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida. Los hechos de fondo se remontan a un reclutamiento forzoso sufrido por un familiar de la accionante en septiembre de 2003. Posteriormente, la accionante adquirió una vivienda mediante subsidio estatal, la cual vendió para cubrir gastos médicos derivados de atentados contra un hijo. La situación económica y social de la accionante se agravó, llegando a habitar en condición de calle. En 2021, mediante resolución administrativa, la UARIV reconoció el derecho a la indemnización administrativa, pero negó la priorización del pago por no cumplir con ciertos requisitos. En 2024, la accionante formuló solicitudes de información y peticiones de ayuda humanitaria que fueron resueltas desfavorablemente por la entidad, citando actos administrativos que no le fueron notificados debidamente.

Decisión de primera instancia y motivos de la impugnación

El juzgado de primera instancia rechazó la tutela, argumentando que las solicitudes de la accionante ya habían sido objeto de pronunciamientos judiciales anteriores y que no existía una conducta omisiva imputable a la UARIV. Además,...