Antecedentes del caso y contexto procesal

En el presente asunto, un privado de la libertad presentó una acción de tutela luego de que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concediera prisión domiciliaria y ordenara su traslado a un domicilio ubicado en una zona rural del departamento del Tolima. Sin embargo, el accionante continuó recluido en un establecimiento penitenciario de la capital del país, por lo que solicitó al director del penal su traslado al domicilio autorizado, sin obtener respuesta. En primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá admitió la acción de tutela y notificó a las autoridades responsables, vinculando al juzgado que concedió la prisión domiciliaria para garantizar el derecho de defensa y contradicción. Luego, mediante providencia, el juez de primera instancia declaró improcedente la tutela, argumentando que el accionante contaba con mecanismos judiciales ordinarios para exigir el cumplimiento de la orden de traslado y que la tutela no podía interferir en el ejercicio de las funciones del juzgado de ejecución de penas. El privado de la libertad impugnó esta decisión alegando vulneración del debido proceso y del principio de igualdad, señalando que la omisión del INPEC para efectuar el traslado configuraba un incumplimiento judicial.

Consideraciones y análisis del Tribunal Superior de Bogotá

Al revisar el recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó su competencia para conocer el asunto en segunda instancia, en calidad de superior funcional del juzgado que profirió la decisión de primera instancia. La Sala analizó que la acción de tutela fue interpuesta para proteger...