Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó cuando un aspirante participó en un proceso de selección convocado por la DIAN para el cargo de Gestor II. Aunque cumplía con los requisitos de formación y experiencia, fue excluido debido a que no presentó un plan de estudios con las materias y contenidos cursados, exigencia que no estaba explícitamente contemplada en la convocatoria inicial, sino en un criterio unificado posterior emitido por la CNSC. El aspirante alegó que esta exigencia adicional vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos, y presentó una acción de tutela contra la CNSC y la DIAN para que se le reconociera su experiencia profesional y se le permitiera continuar en el proceso. En primera instancia, el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la tutela, argumentando que el aspirante no agotó los medios de defensa judicial ordinarios y que la CNSC actuó conforme a las normas vigentes. El aspirante interpuso entonces recurso de impugnación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Consideraciones jurídicas de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

El tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional y subsidiario de los derechos fundamentales, aplicable únicamente cuando no existan otros medios judiciales idóneos o cuando se busque evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se constató que el aspirante no agotó los procedimientos ordinarios disponibles para cuestionar la decisión administrativa, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que también permite solicitar medidas...