Contexto y antecedentes del caso

La providencia judicial en análisis corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en un proceso de tutela. El tribunal conoció la impugnación presentada contra el fallo de tutela emitido por un Juzgado Penal del Circuito de Bogotá, que había declarado improcedente la acción de tutela interpuesta por una contratista vinculada mediante contratos de prestación de servicios con el Ministerio de Educación Nacional. La accionante, en condición de prepensionada, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, debido a la no renovación de su contrato, que finalizó formalmente el 15 de diciembre de 2024. Argumentó que llevaba desde 2021 vinculada de manera continua, desarrollando funciones permanentes y misionales relacionadas con la atención y articulación con comunidades étnicas en departamentos específicos, y que su vinculación contractual se mantenía por la necesidad real de sus servicios. Además, expuso que dependía económicamente de los honorarios derivados de esos contratos y que la falta de continuidad laboral le había generado una situación de vulnerabilidad.

Decisión de primera instancia y fundamentos

El juzgado de primera instancia negó el amparo solicitado, señalando que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que procede únicamente en ausencia de medios judiciales ordinarios idóneos o para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se consideró que la accionante contaba con otros mecanismos judiciales, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, y que no acreditó haber agotado dichos...