Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de su competencia en segunda instancia, conoció la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) contra el fallo proferido por un juzgado penal del circuito de Bogotá. La acción de tutela fue interpuesta por el agente oficioso de una persona reconocida como víctima del conflicto armado interno, específicamente en relación con un desplazamiento forzado ocurrido en 2002. El agente oficioso señaló que, pese a la declaración de la condición de víctima realizada en 2003 y su inclusión en el Registro Único de Víctimas, no se había recibido respuesta sobre el reconocimiento ni el pago de la indemnización administrativa correspondiente. Ante esta situación, radicó un derecho de petición solicitando información sobre el estado del trámite, el cual no fue respondido a la fecha de interposición de la tutela, lo que motivó la acción judicial.

Decisión de primera instancia

El juzgado de primera instancia, tras verificar los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, realizó un análisis de fondo sobre el derecho fundamental de petición invocado. Reconoció que la entidad accionada tiene la competencia legal para gestionar las medidas de reparación administrativa previstas en la Ley 1448 de 2011. Se constató que la UARIV no brindó una respuesta clara, oportuna y de fondo al derecho de petición radicado, vulnerando así el derecho fundamental a recibir información sobre un trámite esencial para garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima, en especial considerando la condición de discapacidad psicosocial de esta última,...