Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, resolvió en segunda instancia un proceso de tutela interpuesto por el representante legal de una sociedad de vigilancia privada contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El accionante solicitó, desde el primero de abril de 2024, la corrección de un error de digitación en la dirección autorizada para la sede física de la empresa, contenida en una resolución administrativa expedida en mayo de 2019. La dirección errónea había generado confusiones y presunciones de incumplimiento por parte de terceros con quienes la sociedad mantiene relaciones comerciales. Pese a que la solicitud fue presentada con evidencias que demostraban el error, la entidad de control no emitió respuesta durante cerca de diez meses. La empresa alegó que esta omisión vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al derecho de petición, por lo que acudió a la acción de tutela para exigir una respuesta pronta y de fondo.

Decisión de primera instancia y apelación

El Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá falló a favor de la sociedad, tutelando sus derechos fundamentales y ordenando a la Superintendencia resolver la petición en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, declaró improcedente ordenar la corrección directa del acto administrativo por medio de la acción de tutela, dado que ello correspondía al trámite administrativo regular. La Superintendencia impugnó el fallo, argumentando que la demora se debía a problemas tecnológicos, incluyendo ataques cibernéticos, que afectaron su sistema de gestión documental y generaron represamientos de trámites. Además, sostuvo que la solicitud en cuestión no constituía...