Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, emitió un auto judicial en respuesta a la impugnación presentada contra la sentencia inicial de tutela proferida por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La acción de tutela fue promovida por un empleado civil no uniformado del Ejército Nacional, quien reclamaba el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación ante la Dirección de Personal de la misma institución.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se inició cuando el empleado civil, mediante apoderado, solicitó formalmente el 25 de febrero de 2025 a la Dirección de Personal del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación. Sin embargo, no recibió respuesta sustancial a su petición, lo que motivó la interposición de la acción de tutela. El Juzgado 48 Penal del Circuito de Conocimiento negó la tutela con el argumento principal de que el término legal para resolver la solicitud —cuatro meses contados desde la radicación de la petición— aún no había vencido. Además, se indicó que el solicitante fue informado sobre el régimen pensional aplicable, basado en la Ley 100 de 1993, y que sus aportes se estaban realizando a COLPENSIONES. Disconforme con esta decisión, el apoderado del empleado civil interpuso impugnación, alegando la falta de notificación efectiva de la respuesta supuestamente enviada por la Dirección de Personal, y solicitando que se concediera la tutela para proteger el derecho fundamental de petición.

Consideraciones jurídicas del Tribunal Superior

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fundamentó su decisión en el artículo 86 de la Constitución Política, que establece la procedencia de la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en este caso, el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la misma Constitución. El derecho de petición implica no solo la presentación respetuosa de solicitudes ante las autoridades, sino también la obtención de una pronta y respuesta de fondo, congruente y notificada al peticionario. La Corte Constitucional ha destacado que una respuesta que carezca de cualquiera de estos tres elementos se considera como una vulneración del derecho fundamental. En el presente caso, aunque la entidad demandada aportó copia de un oficio fechado el 23 de mayo de 2025, no demostró que dicho documento hubiera sido debidamente remitido al solicitante o a su representante legal. Además, se detectó una inconsistencia en las direcciones de correo electrónico utilizadas para la supuesta notificación, lo que llevó a concluir que no hubo notificación efectiva. Adicionalmente, la Sala explicó que el término de cuatro meses previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 para resolver solicitudes pensionales no había expirado; sin embargo, la falta de notificación de la decisión vulnera el derecho de petición independientemente de la vigencia del término.

Decisión y órdenes judiciales

En consecuencia, el Tribunal Superior revocó la sentencia inicial y concedió la tutela para proteger el derecho fundamental de petición del empleado civil. Se ordenó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional que, en un término máximo de 48 horas, remita formalmente al solicitante el oficio del 23 de mayo de 2025 que contiene la respuesta a su solicitud pensional. Además, la entidad debe informar al juzgado de primera instancia sobre el cumplimiento de esta orden en el plazo concedido. Finalmente, se dispuso remitir copia del fallo a la instancia de primera instancia para velar por su cumplimiento y enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia reafirma la importancia del derecho fundamental de petición como garantía constitucional, especialmente en procesos relacionados con la seguridad social y el reconocimiento de derechos pensionales. También subraya la obligación de las entidades públicas de no solo resolver las solicitudes en los plazos establecidos, sino de garantizar la notificación efectiva y la comunicación clara con los ciudadanos. Por último, la decisión evidencia el papel de la acción de tutela como mecanismo expedito para proteger derechos cuando no existen otros medios judiciales idóneos o cuando se requiere evitar un perjuicio irremediable, en concordancia con los principios constitucionales, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos fundamentales en Colombia.

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Tribunal Superior de Bogotá revoca negativa de tutela y ordena respuesta a petición pensional del Ejército Nacional

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