Contexto y antecedentes del proceso

La providencia judicial se originó a partir de una acción de tutela presentada por una aspirante que participó en la convocatoria “SUPERINTENDENCIAS” para el cargo de Profesional Especializado, Grado 22, en la Superintendencia Nacional de Salud. La accionante impugnó la calificación otorgada en la Prueba de Valoración de Antecedentes, especialmente en lo relativo a la experiencia profesional y la valoración de títulos de posgrado, argumentando que su puntaje no reflejaba adecuadamente sus méritos y que ello afectaba su derecho al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos. El proceso de selección fue administrado por la Universidad Libre en calidad de operador logístico, y supervisado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Tras presentar reclamación dentro de los términos previstos, la solicitante recibió respuesta negativa a sus solicitudes. Ante la falta de corrección en la valoración de sus antecedentes, interpuso acción de tutela contra ambas entidades. En primera instancia, el Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la tutela, señalando que existían otros mecanismos judiciales idóneos para resolver la controversia, y que no se configuraba un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.

Consideraciones jurídicas de la Sala de Decisión Penal

El Tribunal Superior de Bogotá asumió el conocimiento en segunda instancia para revisar la decisión. En su análisis, la Sala recordó la jurisprudencia constitucional que establece, como regla general, la improcedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos relacionados con concursos de méritos, dado que la Ley 1437 de 2011 prevé medios adecuados de control judicial para tales...