Contexto y trámite procesal

En Sala Penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció la impugnación contra un fallo de tutela emitido por el Juzgado 64 Penal del Circuito de la misma ciudad. La acción de tutela fue presentada alegando la vulneración de derechos fundamentales relacionados con el habeas data y el debido proceso, debido al mantenimiento de reportes negativos en las centrales de riesgo por obligaciones crediticias supuestamente fraudulentas. El accionante aseguró haber sido víctima de un fraude mediante falsedad personal ocurrido en febrero de 2017, que derivó en reportes negativos en bases de datos de entidades financieras y comerciales, incluyendo bancos, una empresa de telecomunicaciones y una compañía de motos. Pese a sus esfuerzos para resolver la situación con las entidades y ante la Fiscalía General de la Nación, la denuncia fue archivada inicialmente, y las entidades se negaron a eliminar los reportes negativos, alegando la vigencia de la Ley 1266 de 2008 y la inexistencia de reconocimiento del fraude. En el trámite también fueron vinculados los operadores de información financiera y la Fiscalía, cuyos informes y actuaciones fueron objeto de análisis.

Fundamentos y consideraciones del Tribunal

El Tribunal Superior confirmó la improcedencia del amparo constitucional por varias razones jurídicas fundamentales:

• Subsidiariedad del amparo constitucional: El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, que procede únicamente cuando no existen otros medios judiciales idóneos para la protección inmediata de los derechos fundamentales o cuando se invoca para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se concluyó que el accionante contaba con mecanismos alternativos efectivos, como la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver la controversia.
• Existencia de mecanismos procesales específicos: La Ley 2157 de 2021 establece un procedimiento especial para casos de suplantación y falsedad personal en el manejo de datos crediticios. Este procedimiento permite presentar una petición de corrección ante la fuente de información, que debe resolver en plazos concretos y modificar los datos negativos, incluyendo la inclusión de una leyenda que identifique al titular como víctima de falsedad personal. El Tribunal enfatizó que este mecanismo debe ser utilizado antes de acudir a la tutela.
• Estado de las obligaciones crediticias y reportes: Según los informes remitidos por las entidades financieras y los operadores de información, algunas obligaciones habían sido pagadas y reportadas como recuperadas por pago voluntario, mientras que otros reportes negativos no se encontraban vigentes o ya habían sido eliminados. Asimismo, se constató la ausencia de reportes negativos actuales respecto a algunas obligaciones mencionadas.
• Actuación de la Fiscalía General de la Nación: Aunque la denuncia penal fue archivada inicialmente por falta de legitimación del querellante y otras circunstancias legales, la Fiscalía informó que continuaría la investigación sobre ciertos aspectos, y emitió órdenes de restablecimiento de derechos a favor del accionante dirigidas a las entidades financieras y comerciales. Sin embargo, el Tribunal indicó que corresponde al accionante hacer seguimiento a dichas actuaciones y agotar los recursos correspondientes en la Fiscalía.
• Derecho al debido proceso de las entidades: El Tribunal advirtió que ordenar la eliminación inmediata de los datos negativos mediante la acción de tutela podría vulnerar el derecho al debido proceso de las entidades financieras y comerciales, que están en el extremo pasivo del proceso y deben tener la oportunidad de defender sus intereses en los mecanismos judiciales ordinarios.

Decisión final y alcance

Con base en estas consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado, declarando improcedente la acción de tutela interpuesta contra las entidades financieras y comerciales involucradas. Así mismo, ordenó desvincular a los operadores de información financiera y a la Fiscalía de la presente actuación, al no encontrarse indicios de vulneración de derechos por su parte. Finalmente, la Sala notificó que la actuación será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a las disposiciones procesales aplicables.

Implicaciones jurídicas y recomendación

Este pronunciamiento reafirma la importancia de agotar los medios legales específicos previstos para la protección del derecho al habeas data, en especial en casos de suplantación y fraude relacionados con obligaciones crediticias. La acción de tutela debe reservarse para situaciones en que no existan otros mecanismos idóneos o cuando se configure un daño irreparable que exija una protección inmediata. Asimismo, el fallo subraya la necesidad de respetar el debido proceso de todas las partes involucradas, evitando que el juez constitucional se convierta en instancia para resolver conflictos que competen a la jurisdicción ordinaria o a autoridades administrativas especializadas. En síntesis, la decisión judicial ofrece claridad sobre el trámite adecuado para resolver controversias relativas a reportes negativos en centrales de riesgo cuando se alega fraude, destacando la aplicación de la Ley 2157 de 2021 y la función de la Fiscalía y las entidades supervisadas para garantizar la protección de los derechos fundamentales sin afectar los principios procesales que rigen el debido proceso. La resolución contribuye a fortalecer la seguridad jurídica en materia de protección de datos personales y señala a los usuarios afectados la ruta legal adecuada para la defensa de sus derechos.