Contexto y competencia del tribunal

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció la impugnación interpuesta por la aseguradora contra un fallo de tutela proferido por el Juzgado 8 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. En primera instancia, dicha tutela fue concedida a favor de una ciudadana que había sufrido un accidente de tránsito y reclamaba la realización del examen de pérdida de capacidad laboral, junto con la asunción de los costos asociados por parte de la aseguradora. El Tribunal Superior actuó conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, que otorgan competencia para conocer este tipo de recursos.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante sufrió un accidente de tránsito en marzo de 2024, situación que afectó su salud y redujo su capacidad para realizar actividades cotidianas. La afectación derivó en una incapacidad médica temporal inicialmente certificada por 30 días. Posteriormente, en marzo de 2025, la ciudadana presentó un derecho de petición a la aseguradora solicitando la realización de la valoración de pérdida de capacidad laboral (PCL) ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, con cargo al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). La aseguradora respondió requiriendo documentación adicional para iniciar el proceso de calificación, sin embargo, la petición inicial ya estaba acompañada de documentos fundamentales como la cédula de ciudadanía, historia clínica, certificado del accidente y copia del SOAT. La solicitante consideró que la respuesta fue ambigua y que la aseguradora no cumplió con su obligación de...