Contexto y tribunal competente

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala de Decisión Penal, conoció y resolvió la impugnación presentada por la Dirección de Negocios Generales del Ejército Nacional contra la sentencia emitida por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Esta instancia judicial es la superior funcional respecto al juzgado de primera instancia que dictó la decisión original.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de una acción de reparación directa instaurada ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Pamplona contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. Durante el trámite de este proceso, el juzgado administrativo ordenó en varias oportunidades que las entidades demandadas remitieran pruebas documentales esenciales para el desarrollo del litigio, incluyendo historial laboral, estado de salud, acta de junta médico laboral y otros documentos administrativos relacionados con el ciudadano afectado. A pesar de las múltiples órdenes judiciales y requerimientos formales, las autoridades demandadas no atendieron dichas solicitudes ni entregaron la documentación requerida. Este incumplimiento generó la interposición de una acción de tutela ante el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de proteger el derecho fundamental de petición del demandante. El juzgado de primera instancia, mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, tuteló el derecho de petición, ordenando a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio de Defensa, la Dirección de Sanidad del Ejército, el Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 18, el Comandante General del Ejército y la Jefatura de Ingenieros Militares, que...