Antecedentes del caso

La controversia se originó a partir de una acción declarativa por abuso del derecho de las mayorías y del derecho al voto presentada ante la Superintendencia de Sociedades en contra de una sociedad comercial y sus representantes. La Superintendencia admitió la demanda y ordenó el trámite correspondiente, incluyendo la notificación y traslado a las partes demandadas para que presentaran excepciones previas. El accionante alegó que la Superintendencia profirió un auto mediante el cual dio por terminado anticipadamente el proceso, sin esperar el vencimiento del término legal para presentar escritos que descorrieran el traslado de excepciones previas. Según se afirmó, esta actuación representó un prejuzgamiento que afectó el derecho de defensa y el debido proceso. Ante esta situación, el accionante interpuso solicitud de nulidad y pidió que se surtieran nuevamente los términos procesales para poder presentar oportunamente sus defensas. Además, se solicitó el acompañamiento y vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación, que corroboró la existencia de irregularidades procesales y solicitó a la funcionaria encargada revisar la situación. Posteriormente, la Superintendencia emitió autos declarando nulidad procesal y resolviendo nuevamente sobre las excepciones previas, pero sin rehabilitar expresamente el término legal para presentar escritos. El accionante interpuso recurso de reposición solicitando la corrección de esta omisión y el restablecimiento del término completo para garantizar el derecho a la defensa. En primera instancia, el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá negó la tutela, argumentando que la Superintendencia había garantizado las garantías procesales y que el accionante contaba con mecanismos ordinarios para impugnar las decisiones administrativas, por lo que...