Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá conoció la impugnación interpuesta contra una sentencia emitida por el Juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual se concedió una acción de tutela promovida por un ciudadano extranjero en protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y personalidad jurídica. El tribunal, en segunda instancia, emitió un auto en el que revocó parcialmente la decisión de primera instancia y adicionó órdenes para garantizar una asesoría adecuada sin vulnerar el marco legal migratorio.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó cuando un ciudadano venezolano presentó una acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales debido a la imposibilidad de acceder al trámite del Acta de Verificación y Compromiso, requisito indispensable para regularizar su situación migratoria según la Resolución 12509 de 2024. Según el accionante, la plataforma tecnológica de la entidad presentó fallas que le impidieron agendar cita desde marzo de 2025, afectando su capacidad para trabajar y permanecer en el país en situación regular. El juez de primera instancia reconoció la vulneración de los derechos fundamentales invocados y ordenó a la autoridad migratoria mantener la cita programada para mayo de 2025, garantizar el estudio efectivo de la documentación presentada y, en caso de cumplimiento de requisitos, expedir el Acta de Verificación y Compromiso. También ordenó la expedición de un acto administrativo motivado en caso contrario, respetando el debido proceso y la posibilidad de recursos. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia impugnó la sentencia,...