Contexto y antecedentes procesales

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Penal, analizó un recurso de apelación interpuesto contra una decisión del Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Este auto, fechado el 25 de octubre de 2024, negó la extinción de la pena y la liberación definitiva solicitadas. La condena inicial fue impuesta por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en mayo de 2018, estableciendo una pena de prisión de 43 meses por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado, junto con una sanción de interdicción de derechos y funciones públicas por igual periodo. En ese fallo, se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba equivalente a la duración de la condena. Posteriormente, el Juzgado 27 negó la extinción de la pena porque consideró que el condenado no había cumplido el periodo de prueba, dado que durante una parte significativa del mismo estuvo privado de la libertad en otro proceso judicial, lo que impedía contabilizar ese tiempo dentro de la suspensión condicional. El apelante argumentó que cumplió con los compromisos impuestos y sostuvo que no fue informado sobre la forma de cómputo de la suspensión condicional, solicitando la revisión de la decisión. Sin embargo, el juez de ejecución mantuvo su postura, señalando que las penas impuestas en distintos procesos deben cumplirse de manera independiente, por lo que el periodo de prueba debía contarse desde la última libertad efectiva.

Consideraciones jurídicas y competencia

El Tribunal Superior examinó su competencia para conocer del...