Providencia de segunda instancia en proceso de reparación directa

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre profirió una sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa con radicación 70001-33-33-002-2017-00121-01, en la que se resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo emitida el 11 de diciembre de 2020. La acción fue promovida contra el municipio de Corozal, en relación con la revocatoria de un permiso para la realización de un evento privado programado inicialmente para el 27 de febrero de 2016.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante solicitó al municipio de Corozal permiso para realizar un espectáculo musical denominado “Maxiteca” con la participación de artistas del género champeta. La solicitud fue presentada el 16 de enero de 2016 y el permiso fue concedido inicialmente el 15 de febrero del mismo año. Sin embargo, un día después, la administración municipal revocó la autorización, argumentando una solicitud del comandante de la Policía local. El solicitante había contratado anticipadamente a los artistas, celebrado contratos de servicios logísticos, y realizado otros gastos relacionados con la organización del evento. Ante la revocatoria, el demandante presentó nuevas solicitudes para realizar el espectáculo en fechas posteriores, las cuales fueron negadas por el municipio, basándose en informes policiales que advertían sobre riesgos para la tranquilidad pública debido al aumento de delitos en la zona. El demandante acudió a la justicia buscando que se declarara la responsabilidad patrimonial del municipio por los perjuicios materiales ocasionados, incluyendo gastos ya realizados y lucro cesante.

Consideraciones de la sentencia de segunda instancia

La Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Sucre, competente para decidir el asunto conforme al artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, analizó el caso bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, que regula la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos causados por acción u omisión de sus agentes. El análisis se centró en la existencia del daño antijurídico, concepto entendido como la lesión a un derecho o interés legítimo que el afectado no está obligado a soportar, y que debe ser cierto, real y cuantificable para ser indemnizable. Aunque se evidenció que el permiso fue expedido y posteriormente revocado, la Sala concluyó que no se acreditó de manera suficiente que el demandante hubiera sufrido un daño antijurídico imputable al municipio. Los gastos realizados por el demandante, incluidos contratos con artistas y proveedores, ocurrieron en su mayoría antes de la expedición del permiso formal, por lo que se consideraron hechos bajo su propio riesgo y responsabilidad. El tribunal destacó que la simple existencia de una falla en el servicio administrativo no implica automáticamente responsabilidad patrimonial. Para que proceda la indemnización, debe demostrarse que la actuación estatal causó un daño antijurídico directo y efectivo. En este caso, las pruebas aportadas no permitieron establecer con claridad que la revocatoria del permiso fuera la causa directa de un daño indemnizable. Asimismo, se tuvo en cuenta que los requerimientos normativos para la expedición del permiso, tales como planes de emergencia y conceptos de sanidad, no fueron acompañados en la solicitud inicial, aunque este aspecto no fue el centro del debate judicial, el cual se enfocó en la imputación del daño y la responsabilidad del municipio. Se ponderaron también los testimonios de terceros que indicaron pérdidas derivadas de pedidos y compromisos asumidos para el evento, pero se evidenció que algunos de estos gastos quedaron en consignación o no fueron asumidos directamente por el demandante, atenuando la existencia de un daño patrimonial concreto. Finalmente, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del demandante, sin imponer costas en esta instancia, conforme a los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012.

Implicaciones jurídicas de la decisión

Esta providencia reafirma la importancia de diferenciar la falla en el servicio público de la responsabilidad patrimonial estatal, enfatizando que para que proceda la indemnización es indispensable la demostración clara y suficiente de un daño antijurídico. Además, destaca la carga probatoria del demandante para probar el daño y su relación causal con la actuación administrativa. El fallo también ilustra la complejidad en la expedición y revocatoria de permisos para espectáculos públicos, donde la intervención de múltiples autoridades y las condiciones de seguridad y orden público son elementos fundamentales que pueden justificar decisiones administrativas que, aunque afecten expectativas, no necesariamente configuran responsabilidad estatal. En conclusión, el caso pone de manifiesto la necesidad de que los particulares asuman con cautela los riesgos inherentes a la organización de eventos sujetos a permisos administrativos y que la mera expectativa generada por una autorización preliminar no garantiza la procedencia de una indemnización en caso de revocatoria posterior, si no se demuestra un daño antijurídico efectivo y directo.

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