Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “F”, emitió una sentencia el 17 de junio de 2025 en segunda instancia, resolviendo el recurso de apelación presentado contra un auto del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había improbrado una conciliación prejudicial entre una exfuncionaria y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La controversia gira en torno a la reclamación de efectos patrimoniales relacionados con dos actos administrativos expedidos por la ANSV: la Resolución No. 471 del 14 de julio de 2022, que declaró deudora a la exfuncionaria y expidió una liquidación de deuda por más de 82 millones de pesos; y la Resolución No. 754 del 11 de octubre de 2022, que confirmó la primera decisión tras resolver un recurso de reposición. La exfuncionaria solicitó la nulidad de dichos actos, la anulación de la orden de cobro coactivo, la devolución de las sumas pagadas y el reconocimiento de perjuicios materiales y morales. Durante su vinculación, la exfuncionaria ocupó el cargo de Secretario General de la Agencia, un empleo de libre nombramiento y remoción. Recibió mensualmente una prima técnica equivalente al 50% de la asignación básica, que fue pagada y recibida sin objeción alguna. Después de su desvinculación, la Agencia cuestionó la legalidad de estos pagos y emitió las resoluciones que generaron la deuda.

La conciliación prejudicial y su improbración inicial

El 2 de marzo de 2023 se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, en la cual la ANSV manifestó ánimo conciliatorio. Se acordó una fórmula conciliatoria parcial que implicaba la revocación parcial de los actos administrativos para reconocer una deuda menor, equivalente a aproximadamente 14,7 millones de pesos, correspondiente a pagos en exceso de la prima técnica durante tres meses. Además, se estableció un plan de pago en cuotas y se excluyó el reconocimiento de perjuicios morales. Aunque el acuerdo fue aceptado por ambas partes y avalado por la Procuraduría, el Juzgado Veintidós Administrativo desaprobó la conciliación mediante auto del 22 de septiembre de 2023. El juzgado argumentó que, si bien se cumplían los requisitos de representación, capacidad y caducidad, existía ambigüedad jurídica y probatoria que impedía aprobar el acuerdo. En particular, señaló contradicciones en la aceptación del acuerdo por parte de la exfuncionaria, la falta de pruebas suficientes sobre el derecho a la prima técnica y la necesidad de resolver el tema en un proceso judicial con plena etapa probatoria.

Fundamentos de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En el recurso de apelación, la apoderada de la exfuncionaria defendió la validez y conveniencia de la conciliación, destacando que la misma representaba un mecanismo alternativo para resolver el conflicto con celeridad y economía, y que las partes actuaron de buena fe. Se argumentó que la Agencia revisó la documentación pertinente y reconoció el derecho al pago de la prima técnica, sustentado en normas internas y presupuesto vigente. Además, se señaló que el acuerdo conciliatorio era preferible a asumir los altos costos y tiempos de un proceso judicial ordinario. Al analizar el caso, el Tribunal recordó los requisitos legales para aprobar una conciliación en materia contencioso-administrativa, entre ellos la representación legal adecuada, la no caducidad del medio de control, la disponibilidad económica del derecho objeto de conciliación, la existencia de pruebas suficientes, la legalidad del acuerdo y la ausencia de lesión al patrimonio público. El Tribunal concluyó que la exfuncionaria tenía derecho a devengar la prima técnica automática conforme al Decreto 1011 de 2019, que reconoce este beneficio para cargos como el de Secretario General en entidades públicas y descentralizadas, como la ANSV. En ese sentido, consideró que los actos administrativos cuestionados no adolecían de ilegalidad en cuanto al reconocimiento de la prima. Asimismo, destacó que las pruebas aportadas eran suficientes para acreditar el derecho reclamado y que la conciliación no vulneraba la ley ni afectaba el patrimonio público. La decisión también resaltó que la suma objeto de conciliación no constituía un derecho irrenunciable, lo que permitía a las partes negociar su pago. Finalmente, el Tribunal revocó el auto que improbara la conciliación y aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado, ordenando devolver el expediente al juzgado de origen para los trámites correspondientes.

Implicaciones y relevancia de la decisión

Esta providencia pone de manifiesto la importancia y validez de la conciliación prejudicial como mecanismo para resolver conflictos patrimoniales en la jurisdicción administrativa, especialmente cuando las partes actúan de buena fe y existen elementos probatorios suficientes. El fallo también reafirma la aplicación del régimen jurídico sobre primas técnicas a servidores públicos en cargos de alta responsabilidad, incluso en entidades descentralizadas como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ofrece así un precedente relevante en materia laboral y administrativa, al señalar que la conciliación puede ser aprobada aun cuando existan cuestionamientos sobre los actos administrativos, siempre que el acuerdo y las pruebas cumplan con los requisitos legales y no se afecte el interés público. Esta decisión contribuye a la eficiencia en la administración de justicia, promoviendo soluciones rápidas y consensuadas que evitan procesos largos y costosos para las partes y el Estado, en concordancia con los principios de economía procesal y buena fe. Así, se fortalece la confianza en los mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro del ámbito administrativo y se brinda seguridad jurídica a los servidores públicos y a las entidades estatales.