Providencia de segunda instancia en proceso administrativo contra Ministerio de Transporte

El pasado 4 de julio de 2025, la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una sentencia de segunda instancia en un proceso de reparación directa iniciado contra el Ministerio de Transporte. La providencia se dictó en cumplimiento de una orden emitida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, que había amparado derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a raíz de la demanda presentada contra el Ministerio de Transporte por un particular, propietario de un vehículo tipo tractocamión, que fue reportado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como no cumplidor de los requisitos para matrícula inicial. Esta situación motivó la inmovilización del vehículo desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2020. El demandante reclamó la responsabilidad administrativa del Ministerio por los perjuicios ocasionados, solicitando el pago de indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante, los cuales ascendían a un total aproximado de 179 millones de pesos, según dictamen pericial. La demanda argumentaba que el vehículo cumplía con los requisitos para la matrícula inicial, lo que fue respaldado por una sentencia de tutela que ordenó al Ministerio normalizar la matrícula sin requisitos adicionales. En primera instancia, el Juzgado Administrativo correspondiente admitió la demanda y, tras el desarrollo del proceso, declaró administrativamente responsable al Ministerio de Transporte, pero negó el reconocimiento de la indemnización solicitada por no haberse probado suficientemente los perjuicios materiales reclamados. El demandante interpuso recurso de apelación buscando revocar esta negativa y obtener el pago de la indemnización por los daños materiales. La Sala de segunda instancia inicialmente confirmó la decisión de primera instancia. Posteriormente, el demandante interpuso una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales en la valoración probatoria y el debido proceso. El Consejo de Estado revocó la decisión que había declarado improcedente la tutela y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar un nuevo fallo conforme a sus observaciones.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

En cumplimiento de la orden constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó en profundidad las pruebas aportadas al proceso, especialmente el dictamen pericial y la documentación presentada por las partes. Respecto al daño emergente, el Tribunal coincidió con la sentencia de primera instancia en que no se acreditaron adecuadamente las erogaciones realizadas por el demandante. A pesar de existir algunas facturas relacionadas con mantenimiento del vehículo, no se demostró que tales gastos fueran consecuencia directa de la inmovilización del automotor imputable al Ministerio de Transporte, sino que podrían corresponder a un desgaste natural. Además, los recibos por honorarios profesionales no cumplieron con los requisitos probatorios establecidos por la jurisprudencia para su reconocimiento. En cuanto al lucro cesante, el Tribunal confirmó la responsabilidad del Ministerio por haber reportado erróneamente el vehículo en el RUNT, lo que generó la imposibilidad de utilizarlo y, por ende, la pérdida de ingresos. Aunque no se aportó prueba contractual concreta que cuantificara el monto exacto de esta pérdida, se valoró la certificación presentada por la empresa para la cual trabajaba el demandante, que acreditaba ingresos promedio mensuales derivados del uso del vehículo. Esta evidencia fue considerada suficiente para establecer la existencia del perjuicio, aunque no su cuantía precisa. Por ello, el Tribunal ordenó condenar en abstracto al Ministerio de Transporte al pago del lucro cesante, conforme al artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta figura procede cuando se ha establecido la existencia del perjuicio, pero no su monto específico, dejando abierta la posibilidad de un incidente posterior para la liquidación y tasación definitiva de la indemnización. El Tribunal precisó los parámetros para la liquidación en el incidente, indicando que se deberá comprobar la existencia y vigencia de contratos de transporte relacionados con el vehículo durante el período de inmovilización, y que el monto no podrá superar el valor reclamado en la demanda.

Competencia y aspectos procesales

Es importante destacar que la Sala Dual asumió la competencia para dictar esta sentencia de reemplazo debido a la manifestación de impedimento de la Magistrada que inicialmente conocía el recurso. Asimismo, se aplicó el principio de non reformatio in pejus, dado que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por el demandante, limitando la posibilidad de agravar su situación. Respecto a la condena en costas, el Tribunal determinó que no hay lugar a imponerla en esta instancia, dado que el recurso de apelación prosperó parcialmente.

Conclusión de la providencia

En resumen, la sentencia revoca parcialmente la decisión de primera instancia, confirmando la responsabilidad administrativa del Ministerio de Transporte pero modificando la negación en cuanto a la indemnización por perjuicios materiales. Se condena en abstracto al Ministerio a pagar el lucro cesante causado por la inmovilización injusta del vehículo, ordenando la realización de un incidente para la cuantificación precisa de la indemnización. Esta decisión es un ejemplo claro del papel que juegan los tribunales administrativos en la protección de los derechos patrimoniales frente a actuaciones administrativas y resalta la importancia de la adecuada valoración probatoria en los procesos de reparación directa. Además, evidencia la interacción entre la jurisdicción constitucional y contenciosa administrativa para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles errores administrativos.