Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, resolvió una solicitud de corrección presentada respecto a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023 en un proceso de reparación directa. Esta providencia judicial, dictada el 26 de junio de 2025, se enfoca en aclarar y corregir errores formales respecto a la identificación de los beneficiarios de la indemnización, sin modificar el fondo de la sentencia. La decisión se inscribe dentro de la función judicial de garantizar la precisión y coherencia de sus pronunciamientos.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso tiene su origen en la demanda presentada por un grupo de personas que acreditaron su condición de víctimas de desplazamiento forzado y que reclaman reparación por los perjuicios derivados de hechos relacionados con secuestros, muerte de un familiar y el desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Curumaní (Cesar). En primera instancia, el Juzgado Administrativo rechazó algunas pretensiones por falta de poder y trámite de conciliación, mientras que en segunda instancia, el Tribunal analizó la legitimación activa de las partes, la caducidad del medio de control para ciertos hechos y la responsabilidad administrativa del Estado. La Sala concluyó que, si bien la caducidad operó respecto a los secuestros y muerte, no ocurrió así frente al desplazamiento forzado y la imposibilidad de retorno, por lo que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en este último aspecto.

Consideraciones jurídicas principales

El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite instaurar el medio de control de reparación directa por cualquier...