Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección C, emitió un auto interlocutorio el 26 de junio de 2025, mediante el cual confirmó el rechazo de una demanda presentada por el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio del medio de control de repetición. Esta decisión se produjo en segunda instancia, tras un recurso de apelación contra un auto proferido por el Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que había declarado la caducidad del medio de control por presentación extemporánea.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda inicial fue interpuesta en septiembre de 2024 por el Ministerio de Defensa Nacional, que buscaba repetir contra exfuncionarios declarados responsables patrimonialmente por perjuicios derivados de una condena judicial. La condena original se relacionaba con hechos ocurridos en 2007, en los cuales varias víctimas fueron asesinadas por miembros del Ejército Nacional durante un operativo militar. Posteriormente, la justicia administrativa condenó a la Nación a indemnizar a familiares de las víctimas, decisión que quedó ejecutoriada en febrero de 2018. El Ministerio de Defensa Nacional realizó el pago total de la condena en julio de 2023, es decir, fuera del plazo legal de 18 meses establecido para el cumplimiento de sentencias condenatorias contra entidades públicas. En consecuencia, la demanda de repetición contra los exfuncionarios se radicó en septiembre de 2024, más de dos años después de cumplido el plazo para efectuar el pago. El Juzgado de primera instancia declaró caducado el medio de control, fundamentando su decisión en que el término para presentar la demanda comenzó a correr desde el vencimiento del plazo legal para el pago de la condena y no desde la fecha en que se realizó efectivamente el pago. El Ministerio presentó recurso de apelación contra este auto, argumentando que el término debía contarse desde el pago efectivo de la condena, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala analizó el recurso de apelación con base en la normativa aplicable, en especial el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). Asimismo, consideró la interpretación dada por la Corte Constitucional en las sentencias C-394 de 2002 y C-832 de 2001, que regulan el cómputo del término de caducidad para la acción de repetición. Se destacó que la acción de repetición es un mecanismo mediante el cual el Estado recupera los recursos pagados por condenas judiciales cuando se demuestra que los funcionarios actuaron con dolo o culpa grave. Sin embargo, para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, el legislador ha establecido un término perentorio para ejercer esta acción. La Sala reafirmó que el término de caducidad de dos años para interponer la demanda de repetición debe contarse desde el día siguiente a la fecha del pago total de la condena únicamente si este pago se realiza dentro del plazo legal de 18 meses concedido a la administración para cumplir con la sentencia. En caso de que el pago se efectúe fuera de ese término, como ocurrió en este caso, el plazo para instaurar la acción comienza a correr desde el vencimiento del plazo legal para el pago. Asimismo, se tuvo en cuenta la suspensión de términos judiciales decretada durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, que extendió el plazo hasta noviembre de 2021 para presentar la demanda. No obstante, la acción fue interpuesta en septiembre de 2024, lo que excedió ampliamente el término permitido.

Decisión y efectos

En consecuencia, la Sala confirmó el auto del Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que declaró la caducidad del medio de control de repetición. Esta decisión implica que la demanda promovida por el Ministerio de Defensa Nacional contra los exfuncionarios fue presentada fuera del término legal, por lo que no procede su admisión. El Tribunal devolvió el expediente al juzgado de origen para que continúe con las actuaciones de su competencia, dejando constancia en el sistema judicial sobre esta decisión.

Importancia jurídica

Este pronunciamiento es relevante porque clarifica el momento desde el cual comienza a contarse el término de caducidad para la acción de repetición contra servidores públicos. La decisión armoniza la Ley 678 de 2001 con el Código Contencioso Administrativo, asegurando que la administración pública debe cumplir con el pago de condenas en los términos legales para no perjudicar el derecho de defensa de los funcionarios y garantizar la seguridad jurídica. Así, se establece que el pago tardío de una condena no puede extender indefinidamente el plazo para ejercer la acción de repetición, evitando que se prolonguen indefinidamente los procesos judiciales y garantizando la estabilidad del tráfico jurídico. Este criterio es fundamental para agentes públicos, entidades estatales y ciudadanos interesados en la responsabilidad patrimonial del Estado y la protección de los derechos de los funcionarios públicos frente a reclamaciones por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Con esta decisión, se fortalece la claridad y certeza en los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la responsabilidad del Estado y sus servidores.