Contexto y naturaleza de la decisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Tercera, Subsección “A”, emitió un auto el 10 de julio de 2025, dentro del expediente número 2022-398, que se tramita en primera instancia. La providencia fue proferida por el magistrado ponente y responde a una solicitud presentada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), quien actuó como demandante en una acción contenciosa administrativa mediante el medio de control de controversias contractuales.
Antecedentes fácticos y procesales
El FUTIC presentó la demanda contra un consorcio integrado por varias empresas del sector tecnológico y una aseguradora estatal. La controversia gira en torno a la ejecución de un contrato estatal de interventoría, específicamente el Contrato No. 1045 de 2020, respaldado por una póliza de seguro de cumplimiento expedida por la aseguradora demandada.
En las pretensiones quinta y sexta de la demanda, el demandante solicitó que se declare la ocurrencia del siniestro de cumplimiento del contrato y que se ordene a la aseguradora indemnizar los perjuicios ocasionados por el consorcio contratista, conforme a lo estipulado en la póliza de seguro correspondiente.
Previamente, en providencias del 4 de octubre de 2022 y del 21 de abril de 2023, el Tribunal admitió la demanda tanto contra el consorcio como contra la aseguradora estatal, reconociendo su vinculación en el proceso.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El magistrado ponente destacó que la aseguradora estatal garantizó el cumplimiento del contrato estatal. Por ello, la procedencia de las pretensiones contra esta entidad depende de que se demuestre favorablemente la responsabilidad del contratista principal.
En este sentido, la providencia ordena a la parte actora que, en un término perentorio de tres días, precise si la vinculación de la aseguradora en el proceso se realiza en calidad de llamado en garantía del contratista. Esta precisión es esencial para delimitar el objeto del proceso y garantizar la adecuada defensa y contradicción de las partes involucradas.
La decisión enfatiza la necesidad de claridad procesal para evitar dilaciones y garantizar el debido proceso, en cumplimiento con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), especialmente en lo relacionado con la autenticidad y transparencia de las actuaciones.
Órdenes y próximos pasos procesales
La providencia contiene tres órdenes principales:
- Requerir a la parte actora para que precise, en el plazo de tres días, la naturaleza de la vinculación de la aseguradora en el proceso.
- Notificar la decisión a las partes involucradas y al representante del Ministerio Público, según las direcciones electrónicas registradas en el expediente.
- Una vez ejecutoriada la decisión, remitir el expediente al despacho correspondiente para continuar con el trámite procesal.
Relevancia de la decisión
Este auto es un ejemplo claro de la función del Tribunal Administrativo en la gestión procesal de controversias contractuales que involucran entidades públicas y privadas. La orden de precisar la calidad en que se vincula a la aseguradora busca asegurar la correcta aplicación de las garantías y responsabilidades contractuales, evitando ambigüedades que puedan afectar el desarrollo del proceso.
Además, resalta la importancia de la póliza de seguro de cumplimiento como un mecanismo jurídico que respalda la ejecución de contratos estatales y protege los intereses públicos, sujetándose a los términos y condiciones pactados entre las partes.
En suma, la providencia contribuye a la transparencia y eficiencia procesal en la resolución de conflictos administrativos, alineándose con los principios constitucionales de debido proceso y seguridad jurídica.
La providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente, garantizando su autenticidad e integridad conforme a lo establecido en el artículo 186 del CPACA, modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021. Con esta decisión, el Tribunal reafirma su compromiso con la correcta administración de justicia y la adecuada gestión de los procesos que involucran recursos públicos y la responsabilidad contractual de las partes.
