Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, emitió un auto el 11 de julio de 2025 en el marco de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho. La providencia corresponde a una etapa procesal inicial, en la que se resuelve la admisión de la demanda planteada por una empresa de servicios públicos domiciliarios contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Antecedentes fácticos y procesales

En febrero de 2024, la empresa demandante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia, impugnando varias actuaciones administrativas relacionadas con la determinación de una contribución adicional para la vigencia 2020, por un valor superior a los mil millones de pesos. Inicialmente, la demanda incluía la nulidad de un acto administrativo general, pero el tribunal solicitó aclaraciones y precisiones respecto a las pretensiones y la fundamentación jurídica. En diciembre de 2024, mediante auto, se inadmitió la demanda para que se expresaran con claridad las normas presuntamente vulneradas y se delimitaran las pretensiones concretas. Posteriormente, en enero de 2025, la parte actora subsanó la demanda, excluyendo la solicitud de nulidad contra el acto administrativo general y enfocándose únicamente en la nulidad de tres actos administrativos específicos: una liquidación adicional y dos resoluciones expedidas por la Superintendencia.

Consideraciones y fundamentos del auto de admisión

El Tribunal verificó que la demanda cumplía con los requisitos legales para su admisión conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la normativa vigente, incluyendo las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, decidió admitir la demanda para que continúe su trámite procesal. El auto dispone la notificación personal al representante legal de la Superintendencia mediante correo electrónico, conforme a los mecanismos electrónicos establecidos en la legislación procesal administrativa. Asimismo, impone a la entidad demandada la obligación de allegar el expediente administrativo digitalizado relativo a los actos impugnados, permitiendo así el análisis integral del caso. Adicionalmente, se ordena remitir copia de la demanda y del auto al procurador judicial delegado, en cumplimiento de las garantías procesales y de la participación del Ministerio Público en estos procesos. También se otorga traslado a la Superintendencia, a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que formulen las observaciones que consideren pertinentes en un término de 30 días hábiles. El tribunal solicitó que la Superintendencia informe el correo electrónico de la persona asignada para representar judicialmente a la entidad durante el trámite. Finalmente, se reconoció la personería del apoderado judicial que representa a la parte demandante, conforme a los requisitos del CPACA.

Implicaciones y próximos pasos procesales

Este auto de admisión representa el reconocimiento formal de la acción judicial y el inicio del proceso de evaluación de fondo respecto a la legalidad de las liquidaciones adicionales y resoluciones administrativas impugnadas. La demanda cuestiona la determinación de una contribución adicional que afecta económicamente a la empresa demandante, por lo que el análisis jurídico posterior será clave para establecer si existieron vicios en la actuación administrativa de la Superintendencia. La diligencia de notificación electrónica y la obligación de allegar el expediente digitalizado reflejan la implementación de mecanismos modernos y ágiles en la administración de justicia contenciosa administrativa, conforme a las reformas recientes del CPACA y la Ley 2080 de 2021. La providencia se ajusta estrictamente a las normas legales vigentes, garantizando el debido proceso y la transparencia en el trámite judicial, sin emitir juicios de valor sobre el fondo del asunto. El proceso continuará con la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia, seguida por las etapas probatorias y de sustanciación que determinarán la resolución final del conflicto. --- Esta decisión refleja la dinámica del control judicial sobre las actuaciones administrativas en el sector público, especialmente en materia de servicios públicos domiciliarios, donde las contribuciones y tarifas deben sujetarse a los principios de legalidad y debido proceso. El seguimiento de este caso permitirá observar el desarrollo jurisprudencial en esta materia y su impacto en la regulación y supervisión estatal.