Contexto y tribunal competente

El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta instancia tiene competencia para conocer y decidir sobre la legalidad de actos administrativos emanados de entidades públicas que afectan derechos e intereses legítimos de los particulares. El medio de control utilizado por la parte actora es la nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo procesal que permite impugnar actos administrativos ilegales y solicitar su anulación, con el fin de proteger los derechos vulnerados.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada el 6 de septiembre de 2024 por el apoderado judicial de la fundación hospitalaria contra la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, entidad responsable de administrar y fiscalizar los impuestos del Distrito Capital. La acción cuestiona tres actos administrativos: una resolución y dos autos mediante los cuales la Secretaría Distrital efectuó una liquidación oficial de corrección relacionada con un error aritmético en la declaración del impuesto predial unificado correspondiente al año 2021. Además, se impuso una sanción derivada de dicha corrección y se negaron recursos de reconsideración interpuestos por la parte demandante. Inicialmente, el Tribunal inadmitió la demanda para que se subsanaran ciertas fallas procesales, como la indicación del lugar y medio para notificaciones, constancia de envío de la demanda a la parte demandada y certificado actualizado de existencia y representación legal. Estas observaciones fueron atendidas por la parte actora en un memorial presentado el 10 de junio de 2025. Tras revisar las correcciones, el Tribunal decidió admitir la demanda, dando inicio formal al proceso judicial para analizar la legalidad de los actos administrativos impugnados.

Consideraciones jurídicas y decisión

El auto de admisión se basa en el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en particular los artículos 162, 171, 172 y 175, así como en las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, que regulan los procedimientos administrativos digitales y las notificaciones electrónicas. Se destaca la importancia de la notificación personal y electrónica a la Secretaría Distrital de Hacienda, así como la obligación legal de aportar el expediente administrativo digitalizado que contenga los antecedentes de los actos objeto de la demanda, garantizando la transparencia y el debido proceso. Asimismo, se dispuso el traslado del proceso a la entidad demandada, a la Procuraduría Delegada Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes tendrán un término de treinta días para presentar su contestación y aportar las pruebas pertinentes. Por último, se reconoció la personería al abogado apoderado de la fundación hospitalaria, habilitándolo para representar judicialmente a la parte demandante en el trámite del proceso.

Implicaciones del auto

Este auto representa un paso fundamental en el control judicial de la administración pública, pues permite que las decisiones administrativas sobre correcciones tributarias y sanciones sean revisadas en sede judicial, asegurando el respeto a los derechos de los ciudadanos y entidades afectadas. Además, refuerza la aplicación de la normativa procesal moderna que privilegia la notificación y presentación de documentos por medios electrónicos, optimizando la celeridad y eficiencia del procedimiento contencioso administrativo. El proceso continuará con el análisis de fondo de la demanda, en el que el Tribunal evaluará si los actos administrativos impugnados cumplen con los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, entre otros. Esta decisión ejemplifica la función de los tribunales administrativos como garantes del control de legalidad frente a la actuación de las entidades públicas, contribuyendo a la seguridad jurídica y protección de los derechos en materia tributaria y administrativa.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda contra Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá por corrección en impuesto predial

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