Contexto y antecedentes del caso

El pasado 30 de abril de 2025, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos actos administrativos emanados de la Secretaría de Hacienda de Bogotá: la Resolución nro. DCO-120837 de 17 de octubre de 2024 y un oficio de respuesta fechado el 31 de diciembre de 2024. La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, instancia encargada de conocer y resolver este tipo de procesos contenciosos administrativos. El propósito del proceso es que se declare la nulidad de los mencionados actos administrativos, los cuales, según el demandante, afectarían derechos o intereses legítimos. Sin embargo, antes de analizar el fondo del asunto, el tribunal debe verificar que la demanda cumpla con los requisitos formales esenciales para su admisión y trámite.

Fundamentos jurídicos para la inadmisión temporal

La magistrada sustentadora del caso realizó un minucioso examen de la demanda conforme a los artículos 159, 160, 162 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Estos preceptos establecen requisitos fundamentales como la capacidad y representación para demandar, el derecho de postulación mediante abogado debidamente acreditado, el contenido mínimo de la demanda, y los anexos que deben acompañar el escrito inicial. En este sentido, la providencia identifica tres falencias que impiden la admisión inmediata de la demanda:

Ausencia de poder especial claro y suficiente: Aunque se allegó un documento que pretende acreditar la representación, no se demuestra que el apoderado judicial cuente con mandato especial, amplio y suficiente para actuar en nombre del demandante, como exigen los artículos 159 y 160 del CPACA.
Falta de pruebas documentales completas: No se aportó copia íntegra y con constancia de notificación del oficio de respuesta al radicado presentado como acto administrativo agotador de la vía gubernativa. Esto es esencial para analizar la posible caducidad del proceso y el agotamiento de la instancia administrativa, conforme al artículo 166 del CPACA.
Deficiencia en la estimación de la cuantía: No se realizó una estimación razonada de la cuantía que permita determinar la competencia del tribunal, requisito previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

Decisión adoptada por el tribunal

En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió inadmitir la demanda para que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República subsane estas deficiencias. Se concedió un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, para que se:

Acredite debidamente el derecho de postulación, presentando un poder especial claro y suficiente que faculte al apoderado judicial.
Aporte copia legible y completa de los actos administrativos demandados, acompañada de su respectiva constancia de notificación.
Realice una estimación razonada y adecuada de la cuantía conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Se advirtió que la falta de cumplimiento dentro del plazo concedido podrá acarrear el rechazo definitivo de la demanda, conforme al artículo 170 del CPACA.

Implicaciones procesales y legales

Esta providencia pone de manifiesto la rigurosidad con la que los tribunales administrativos exigen el cumplimiento de los requisitos formales para la admisión de demandas en materia contencioso administrativa. La correcta acreditación de la representación legal, la presentación completa de los documentos y la estimación de la cuantía resultan esenciales para garantizar el debido proceso y la adecuada administración de justicia. Además, la exigencia de la constancia de notificación de los actos administrativos demandados permite analizar aspectos procesales relevantes, como la caducidad, que pueden afectar la procedencia del recurso y la viabilidad del proceso. El auto, firmado electrónicamente por la magistrada sustentadora, garantiza la integridad y autenticidad del documento conforme a las disposiciones del artículo 186 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que regula la firma electrónica en los procesos administrativos y judiciales.

Conclusión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de sus funciones, ha reiterado la importancia de cumplir con los requisitos procesales para evitar dilaciones innecesarias y garantizar la eficacia del sistema judicial administrativo. La decisión adoptada no entra en el fondo del asunto, sino que busca asegurar que el proceso se adelante en condiciones adecuadas, protegiendo así los derechos tanto del demandante como de la entidad demandada. Este caso refleja la atención que los órganos jurisdiccionales prestan a los aspectos formales en los procesos administrativos y la relevancia de presentar demandas completas y debidamente fundamentadas para su adecuado estudio, con el fin de asegurar un trámite justo y eficiente.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena subsanar defectos en demanda contra Secretaría de Hacienda de Bogotá

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