Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, conoció una acción popular interpuesta por un grupo de demandantes, quienes solicitaron la protección de derechos colectivos vinculados al goce de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a infraestructura adecuada que garantice la salud pública. La demanda se dirigió principalmente contra diversas entidades públicas y privadas responsables por la operación y supervisión de las plantas de tratamiento de aguas residuales Las Huertas y Las Vegas, ubicadas en un sector declarado, según los actores, no apto para actividades industriales. Los demandantes expusieron que estas PTAR generan olores ofensivos que afectan el bienestar de las comunidades aledañas y reclamaron medidas urgentes para la cesación definitiva de estas molestias. Entre sus peticiones solicitaron:

• La inclusión inmediata en los presupuestos de las entidades accionadas para iniciar los trámites precontractuales y contractuales que permitan ejecutar obras y labores que cesen los olores ofensivos.
• La ejecución de estas obras en plazos perentorios establecidos, con un término máximo de 12 meses para la cesación definitiva de los olores.
• La adecuación de las redes de alcantarillado, control de vectores y plagas mediante fumigación mensual, y campañas de prevención y tratamiento de enfermedades asociadas a los olores tales como problemas respiratorios, digestivos y cutáneos.
• La distribución permanente de medicamentos para el tratamiento de dichas enfermedades durante la ejecución de las obras y hasta cinco años posteriores.

No obstante, el 27 de mayo de 2025, el despacho judicial inadmitió parcialmente la acción popular por diversas razones procesales y sustantivas. Entre ellas, se destacó que la acción popular no es el medio...