Contexto y antecedentes del caso
La demanda fue presentada por la Contraloría Municipal de Cúcuta contra la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Cúcuta S.A. E.S.P. (EIS Cúcuta), con la participación como terceros interesados de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. El objetivo fue proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos domiciliarios.
La demanda se centró en el “Contrato 030 de 2006” suscrito entre la EIS Cúcuta y Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P., cuyo objeto es la operación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y gestión comercial de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en San José de Cúcuta. Se denunciaron irregularidades en la inversión de recursos recaudados por concepto de costo medio de inversión (CMI), la existencia de redes de asbesto cemento que no han sido reemplazadas a tiempo, y la supuesta apropiación indebida de más de mil millones de pesos por parte del contratista.
Aspectos procesales y competencia del tribunal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó el fondo y la competencia para conocer la acción popular en este caso. El órgano jurisdiccional recordó la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, la cual establece que el juez de la acción popular no tiene competencia para anular contratos estatales ni para ordenar medidas propias de la nulidad contractual, como la suspensión o terminación anticipada de contratos. Estas decisiones corresponden al juez natural del contrato, que en este caso sería el Tribunal de Arbitramento previsto en el contrato o la vía contencioso administrativa contractual.
Además, el tribunal resaltó que la acción popular tiene un carácter preventivo y autónomo, y que su ámbito de actuación se limita a proteger derechos e intereses colectivos sin invadir las competencias específicas de la administración pública o de los tribunales ordinarios en materia contractual.
Consideraciones sobre el contrato y la ejecución
El contrato 030 de 2006 contempla mecanismos de solución de conflictos que incluyen el arreglo directo entre las partes y, en caso de desacuerdo, la resolución a través de un Tribunal de Arbitramento institucional. Estas disposiciones excluyen que las controversias relacionadas con aspectos técnicos, económicos, financieros, legales o contractuales puedan ser resueltas en el marco de la acción popular.
El tribunal también revisó los antecedentes administrativos y fiscales que dieron origen a la demanda, tales como informes de fiscalización que señalaron incumplimientos contractuales, falta de idoneidad del contratista para mantener las condiciones de experiencia pactadas, y problemas en la gestión de recursos y reposición de infraestructura crítica como las redes de asbesto cemento.
No obstante, el análisis de estos hechos y la eventual responsabilidad contractual y sanciones correspondientes deben ser tratados conforme a la legislación y procedimientos específicos para contratos estatales, respetando los derechos procesales y las competencias legales establecidas.
Decisión y efectos de la providencia
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, resolvió:
- Rechazar la demanda de acción popular presentada por la Contraloría Municipal de Cúcuta.
- Archivar el expediente una vez ejecutoriada la providencia y devolver los anexos sin desglose.
- Dejar inactivo el proceso en el sistema de información correspondiente.
Esta decisión reafirma la importancia de respetar las competencias jurisdiccionales asignadas en la legislación colombiana, en especial en materia de contratos estatales y acciones populares. Las controversias sobre nulidad, incumplimiento o caducidad contractual deben ser dirimidas en las instancias procesales previstas para ello, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica.
Implicaciones para la gestión pública y los servicios públicos domiciliarios
Aunque la demanda buscaba garantizar la adecuada inversión y mantenimiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como la protección del patrimonio público y el medio ambiente, el tribunal señaló que la acción popular no es el medio idóneo para resolver estas controversias contractuales.
Por tanto, las autoridades competentes y las partes involucradas deben continuar utilizando los mecanismos contractuales y administrativos establecidos para asegurar la transparencia, eficiencia y calidad en la prestación de estos servicios, con especial atención a la reposición de redes obsoletas y a la correcta administración de los recursos públicos.
Esta providencia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y procedimientos en la gestión de contratos de servicios públicos, a fin de proteger efectivamente los derechos colectivos sin vulnerar los principios procesales y las competencias legales establecidas. Asimismo, se exhorta a las entidades involucradas a mantener un seguimiento riguroso y a aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimientos, garantizando así la eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos en San José de Cúcuta.
