Contexto y tribunal competente

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en su Sala de Decisión Penal en sede constitucional, fue el encargado de resolver el recurso de impugnación presentado contra una sentencia de tutela emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca. La acción de tutela fue interpuesta en defensa del derecho fundamental de petición de una ciudadana que reclamaba una respuesta oportuna a una solicitud relacionada con el pago de prestaciones sociales gestionadas por una fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante presentó una solicitud ante la fiduciaria el 5 de mayo de 2025, requiriendo información y pago sobre prestaciones económicas. Ante la falta de respuesta, interpuso acción de tutela el 26 de mayo del mismo año, argumentando vulneración de su derecho fundamental de petición. El juzgado de primera instancia admitió la tutela y ordenó a la fiduciaria responder en un término máximo de 48 horas, amparando el derecho fundamental de la solicitante. Durante el proceso, se vincularon varias entidades, entre ellas la Secretaría de Educación Departamental, el Ministerio de Educación Nacional y otras autoridades educativas locales, quienes manifestaron no tener competencia directa en la materia y atribuyeron la responsabilidad a la fiduciaria, destacando la autonomía administrativa y financiera de esta última. La fiduciaria, por su parte, interpuso recurso de impugnación, señalando que no tenía facultad para expedir actos administrativos de reconocimiento de prestaciones y que la función corresponde a las secretarías de educación. Explicó además que un acto administrativo previo presentaba inconsistencias que...