Competencia y naturaleza de la providencia

La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio conoció y resolvió en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio. La providencia adoptada, de carácter judicial, declara la prescripción de la acción penal por el delito de fraude procesal y ordena medidas de restablecimiento del derecho.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó en torno a un establecimiento comercial, un hotel, cuya propiedad estaba dividida entre cuatro copropietarios, cada uno con un porcentaje específico. En el año 2006, una persona natural se registró como único propietario del establecimiento ante la Cámara de Comercio mediante documentos que simulaban la compra total del negocio, suplantando la firma de uno de los copropietarios. Con base en este registro, se realizó una acción de lanzamiento por ocupación de hecho contra los demás copropietarios, lo que derivó en la recuperación del control del establecimiento mediante la autoridad local. Desde 2009, la Fiscalía inició indagación preliminar, seguida de apertura de instrucción y vinculación del procesado por delitos inicialmente tipificados como hurto agravado y falsedad en documento privado, posteriormente reclasificados como fraude procesal. Durante el proceso, se practicaron diversas pruebas, entre ellas dictámenes grafológicos que determinaron la falsedad de las firmas en los documentos de compraventa y en los formularios presentados ante la Cámara de Comercio. La situación jurídica del procesado incluyó la cancelación del registro mercantil fraudulento, la negación de medidas de aseguramiento y la declaración de prescripción de algunas acciones penales relacionadas con delitos conexos. Finalmente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito emitió sentencia condenatoria en 2023, imponiendo prisión, multas e inhabilitación, y ordenando el pago de indemnizaciones por daños morales a los copropietarios afectados.

Consideraciones jurídicas de la Sala Penal

El Tribunal Superior analizó inicialmente la prescripción de la acción penal, principio que, de prosperar, torna innecesario examinar otros aspectos del recurso. Conforme al Código Penal y a la Ley 600 de 2000, la prescripción se interrumpe con la resolución de acusación y se computa por un término igual a la mitad de la pena máxima del delito imputado. En este caso, la resolución de acusación se profirió en 2017, atribuyendo el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 453 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, que aumentó la pena privativa de libertad a un rango de seis a doce años. Sin embargo, la sentencia original aplicó erróneamente el rango penal anterior, de cuatro a ocho años. No obstante, el Tribunal respetó la calificación jurídica de la sentencia condenatoria, conforme a la prohibición de reforma en disfavor del apelante único. El cómputo de la prescripción, tomando el término más favorable al procesado, evidenció que el plazo para continuar la acción penal había vencido antes de la emisión de la sentencia de primera instancia. Por tal motivo, la Sala declaró la preclusión y extinción de la acción penal por prescripción. Respecto al restablecimiento del derecho, el Tribunal recordó que, según la Ley 600 de 2000 y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, esta medida es una garantía constitucional intemporal que persiste aun cuando la acción penal se extinga. Dicha garantía busca asegurar la vigencia de un orden justo y la protección de los derechos de propiedad privada. La Sala confirmó que los documentos utilizados para obtener el registro mercantil fraudulento eran falsos, conforme a pruebas testimoniales, periciales y documentales. Por lo tanto, ordenó la cancelación del registro mercantil y de todas sus renovaciones posteriores en la Cámara de Comercio de Villavicencio, como medida para revertir los efectos del acto ilícito. Sobre el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, el Tribunal constató que existió un proceso reivindicatorio civil que resolvió la restitución de las cuotas partes a los legítimos copropietarios, sentencia que ya había adquirido firmeza, por lo que no estimó procedente pronunciarse nuevamente en esta sede.

Conclusión de la decisión y efectos

En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio resolvió:

Declarar la preclusión y extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de fraude procesal.
Ordenar la cancelación del registro mercantil obtenido de manera fraudulenta y todas sus renovaciones en la Cámara de Comercio.
Remitir la actuación al juzgado de origen para su archivo definitivo.

Contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos legales previstos. La providencia destaca la importancia de respetar los plazos de prescripción, sin perjuicio de la obligación judicial de restablecer el derecho cuando se ha producido un fraude que afecta la propiedad y la legalidad registral. Esta resolución reafirma la función del sistema judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la preservación del orden jurídico, garantizando que los actos fraudulentos no permanezcan impunes ni produzcan efectos legales permanentes.

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